En el acto han estado presentes el director general de la Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia e Interior, Juan Rueda; la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz; la secretaria coordinadora provincial, María Ángeles de Miguel, jueces decanos de la provincia y magistrados, y la directora del Servicio Común Procesal del partido judicial de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, el primero de Andalucía, junto al de El Ejido, en Almería, donde se ha puesto en marcha la nueva Oficina Judicial.

La implantación de la nueva Oficina Judicial supone el desarrollo en Andalucía de un modelo "más eficiente" de organización de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, para ofrecer a la ciudadanía un servicio "con mayor agilidad y calidad".

En el municipio malagueño de Vélez-Málaga se han celebrado 75 vistas desde la implantación del nuevo modelo el pasado 30 de abril, se han registrado 407 asuntos, se han firmado digitalmente 8.176 documentos y se han presentado 1.306 escritos a través del sistema Lexnet.

La Consejería de Justicia e Interior ha desarrollado "una exhaustiva planificación" para la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía, en la que ha primado la coordinación a través de los Grupos de Trabajo de Implantación Local, donde participan representantes de funcionarios, Junta de Personal, Fiscalía, letrados de la Administración de Justicia y de la Administración autonómica, según han recordado desde la Junta a través de un comunicado.

Esa coordinación se ha complementado con una labor de sensibilización e información a los colectivos profesionales y ayuntamientos implicados, así como un plan de formación a los funcionarios sobre este proceso de modernización de la Administración de Justicia con más de 700 horas lectivas.

La nueva Oficina Judicial se organiza en torno a dos tipos de unidades: la Procesal de Apoyo Directo y el Servicio Común Procesal de Partido Judicial. La primera asiste directamente a los miembros de la judicatura y está dirigida por un secretario judicial, mientras que la segunda, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.