En declaraciones a Europa Press, Juan Martín Caparros ha considerado que las prácticas reflejadas en los oficios policiales sobre supuestas coacciones y amenazas por parte de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi para acaparar supuestamente la parada de taxis del aeropuerto, sometida a una tarifa única, suponen una "vergüenza" para el sector local del taxi. A tal efecto, ha recordado que él mismo y su familia han sido víctimas de "agresiones".

"Siento vergüenza por todo lo que se está publicando", ha aseverado, reconociendo que "hay mucha parte de realidad" en el contenido de los informes policiales, respecto a las prácticas investigadas. "Muchas cosas son ciertas", ha asegurado, avisando en paralelo de que hay taxistas que cuentan con "bula" a la hora de cumplir o no las ordenanzas, lo que le ha llevado a señalar el oficio en el que los investigadores atribuyen al concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), una relación de "amistad" con el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi e investigado en la causa judicial, Enrique Filgueras.

Del mismo modo, ha criticado duramente la prolongada "demora" en la creación e implantación de la prometida plataforma de gestión tecnológica integral para el servicio de taxi, un proyecto que según recuerda se remonta "a 2005". "Nos están tomando el pelo", ha lamentado, criticando al Ayuntamiento.

Así, Juan Martín Caparros ha mostrado su rechazo a la violencia o a cualquier práctica como las investigadas, considerando que el propio sector del taxi, en su conjunto, debería haber "puesto freno" a estas prácticas y defendiendo que las acciones relativas al conflicto con los VTC y las empresas de alquiler de coches con chófer como Cabify deben ser canalizadas "por la vía judicial".

LA INVESTIGACIÓN DE LOS TAXIS

Hablamos de la investigación de los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y las supuestas coacciones en la parada de taxis del aeropuerto, para monopolizar la misma. Y es que dicha parada, recordémoslo, está sujeta a una tarifa única que oscila entre 22,3 y 24,3 euros por trayecto.

Fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras, Antonio Velarde o Francisco Ternero, toda vez que esta organización está radicada precisamente en un local del aeropuerto de Sevilla, registrado en junio de 2017 por la Policía Nacional.

Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a supuestas sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad. En algunas sanciones, según los agentes, mediaría la máxima de que ante "cualquier duda", los taxistas afectados debían dirigirse al secretario de la asociación y "nunca" al presidente, Enrique Filgueras, porque tal extremo implicaría la "duplicación" de la sanción.

EL PAPEL DE SOLIDARIDAD DEL TAXI

De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración".

Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación". Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según este oficio, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam".

Incluso localizaron, según uno de estos oficios recogidos por Europa Press, fotografías de la boda civil del presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, oficiada por el actual concejal de Seguridad y Movilidad, el socialista Juan Carlos Cabrera, quien además habría asistido a la celebración.