Estos órganos judiciales, que entraron en funcionamiento el 1 de junio del año pasado, conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El aumento de la cifra de asuntos resueltos coincide, además, con la disminución del número de asuntos ingresados, que entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fue de 3.615, un 11,4% menos que en el trimestre anterior, cuando se recibieron 4.084.

El incremento del número de asuntos resueltos y el descenso de los ingresados ha supuesto que la tasa de resolución a nivel de Euskadi en el primer trimestre del año haya alcanzado el 38,5%, frente al 17,7% del último trimestre de 2017.

Esta tasa -el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un periodo determinado- pone en relación el volumen de entrada con la capacidad resolutiva del órgano judicial.

Los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial indican que en el primer trimestre de 2018 la tasa de resolución ya fue superior al 50% en cuatro Comunidades Autónomas: Asturias -donde llega al 94%-, Castilla y León, Navarra y La Rioja.

Otros cinco territorios -Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco- se sitúan por encima de la media nacional con tasas de resolución que van del 29,9% de Cantabria al 45,8% de Castilla-La Mancha.

Por debajo de la media nacional se sitúan Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Cataluña, teniendo esta última -con un 12,3%- la tasa de resolución más baja, si bien es la única, junto con Madrid, en la que el número de asuntos ingresados en el primer trimestre de 2018 (10.276) fue superior al registrado en el último trimestre del año pasado (9.943).