Dichos informes del interventor y secretario general del pleno señalan que el decreto "no se ajusta a la legalidad" y vienen a validar la moción del pleno sobre la indisponibilidad de crédito a las sociedades, si en el plazo de tres meses el Gobierno de ZEC no reculaba y que al vencer dicho plazo ha sido sustituída por otra moción, aprobada el pasado pleno, y que establece esa indisponibilidad 'sine die'.
Sara Fernández ha contado que dichos informes jurídicos "validan la moción de la oposición" y ha agregado que ambos señalan que el pleno "es el competente para declarar la indisponibilidad de los créditos".
"Además, el decreto de Rivarés no se ajusta a la ley para anular la moción, ya que para ese objetivo se tendría que ir a
la vía judicial, administrativa o revisar de oficio la decisión que debe emanar del propio pleno".
"Tenemos competencia para hacer la moción y la situación vuelve a estar como antes porque la última moción declara 'sine die' la indisponibilidad de crédito", ha resumido.
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