Así, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que el Ayuntamiento de Málaga "se ha visto obligado a devolver cerca de medio millón de euros y se baraja que entregará otro millón correspondiente al impuesto de Plusvalía de 2017 indebidamente cobrado. Se desconoce aún cuánto tendrá que devolver de 2018, aunque se calcula que pueden ser dos millones".

En mayo de 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la parte del impuesto de plusvalía cuando se cobraba y no se producía un incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ha recordado.

En este sentido, el portavoz del grupo municipal de IU-Málaga para la Gente Eduardo Zorrilla, ha explicado que esta situación se produce por "la mala gestión del responsable del área que no ha hecho caso a las innumerables propuestas que en este sentido viene reclamado esta formación política, ni a las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

"Ahora se enfrenta a la devolución millonaria, que afectará a las arcas municipales y a las ciudadanas y ciudadanos, ya que dichos fondos tendrá que ser detraídos de otro espacio", ha criticado.

Según los datos facilitados por la formación de izquierdas, a diciembre de 2017, el Ayuntamiento de la capital se ha visto obligad a devolver 471.297 euros, de los que 253.166 euro fueron por vía administrativa y 218.131 por vía judicial tras las veinte sentencias.

Cuando se conoció la sentencia el Constitucional, la FEMP recomendó a los ayuntamientos que adaptaran las ordenanzas y que modificaran la naturaleza del impuesto, ha dicho Zorrilla, al tiempo que ha añadido que "el que no haya hecho cargo en Consistorio malagueño es muy grave,

y la ciudadanía tiene derecho a conocer porqué y cuánto se va a tener que detraer de las arcas municipales como consecuencia de esta nefasta gestión".

Por este motivo, Málaga para la Gente ha presentado una iniciativa a la comisión de transparencia en la que reclama saber cuánto dinero ha tenido que devolver el Consistorio en vía administrativa y judicial por la aplicación indebida de este impuesto; cuántos recursos ha tramitado por la aplicación indebida del impuesto y cuántos se han tramitado y resuelto desde 2017 a la actualidad.

Otras preguntas a responder tienen que ver con el importe reclamado en total en estos recursos, cuántos fueron estimados total o parcialmente y cuántos fueron rechazados o denegados.

También se quiere saber qué número de reclamaciones y denuncias hay en la vía judicial, su importe y las sentencias que han dictado los tribunales, cuántos expedientes se han remitido para su resolución en vía judicial y por qué cantidad.

Asimismo, se reclama las previsiones de ingresos por el impuesto de plusvalía en los presupuestos de 2016 y cuánto fue lo recaudado en la liquidación del presupuesto de 2016.