El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles un acuerdo por el que decide comparecer y personarse en una cuestión de inconstitucionalidad relativa a la Ley Foral de Haciendas Locales, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Pamplona, referida a las plusvalías en caso en que la transmisión de terrenos sea a un precio menor al adquirido en su día.

En concreto, se cuestiona la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, que modifica la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, que el Ejecutivo foral considera que "no vulnera la Constitución, sino que establece los procedimientos a seguir a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017". Estos procedimientos son los relativos a liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos antes del 15 de julio de 2017; liquidaciones firmes producidas entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2017; y liquidaciones que no han adquirido firmeza correspondiente a hechos imponibles producidos antes del 31 de diciembre de 2017.

En particular, la cuestión de inconstitucionalidad se centra en la posibilidad que se abre para las liquidaciones que no hayan adquirido firmeza por estar pendientes de resolución en los órganos jurisdiccionales.

El Gobierno de Navarra ha recordado en un comunicado que la sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017 (publicada en el BOE 15/7/2017) declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley Foral 2/1995, referidos al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) en aquellos casos en los que la transmisión de dichos terrenos se produce a precio inferior al adquirido en su día (por lo que no hubo incremento del valor de los terrenos) y dicha disposición transitoria "regula el nuevo procedimiento en esos supuestos", ha indicado.