El gobierno de Ada Colau en Barcelona solo terminará de construir 800 de los 4.000 pisos sociales que prometió para este mandato en campaña, antes de llegar a la alcaldía. Así lo ha señalado este martes el gerente de Vivienda del Ayuntamiento, Javier Burón, aunque el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha salido al paso diciendo que el compromiso se cumplirá, porque era iniciarlos y no acabarlos, y ha apuntado, además, que la promoción pública ha alcanzado un récord histórico en la ciudad.

Montaner ha explicado que hay 66 edificios correspondientes a gestión iniciada durante este mandato (finalizados, en obras, en proyecto o aún sin licitar) que suponen 4.547 pisos (el 80% destinados a alquiler asequible) y que estiman que en 2022 estarán gestionando 13.000. De esta manera, en ocho años se habrá generado la misma cantidad de vivienda que en los 80 años anteriores, con una inversión total de 580 millones de euros. Esta estará financiada por el Ayuntamiento en un 95%, con el apoyo de la banca pública europea, es decir, del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Banco del Consejo de Europa (BEC).

De los 66 proyectos que se han puesto en marcha, ocho, que equivalen a 557 pisos, ya están entregados a las familias adjudicatarias o a punto de entregarse.

Otros 16 edificios, con 665 viviendas, se encuentran en obras. De estos, algunos están muy avanzados, como el bloque del número 40 de la calle Tànger de Sant Martí o el de Quatre Camins de Sarrià-Sant Gervasi.

Hay, asimismo, 27 edificios, que suman 2.222 pisos, que están en fase de proyecto, lo que significa que ya se ha comenzado el concurso público.

El resto, 15 bloques, con 1.103 viviendas, corresponden a las reservas de suelo sobre las que el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para poder desarrollar los concursos de adjudicación.

Burón ha explicado que los procesos desde que se comienza una promoción hasta que se entrega se han alargado últimamente y son de "un mínimo de cuatro años". Esto, ha contado, se debe sobre todo a que ahora son necesarias tres licitaciones antes de empezar las obras. Primero hay que hacer un concurso público entre los arquitectos interesados, luego los seleccionados deben elaborar un proyecto y presentarlo a un nuevo concurso y hace falta otro más para escoger a la empresa que se encargará de construir el edificio.

El gerente de Vivienda ha dicho, por otro lado, que el hecho de que el 80% de los pisos municipales se dediquen a alquiler asequible comporta un "ciclo de amortización largo". Mientras que la inversión de los que se destinan a la venta se recupera cuando son comprados, ha recordado, la de los que se dirigen al arrendamiento "tarda muchos años" en recuperarse y eso comporta que el Consistorio necesite "un endeudamiento a largo plazo" y "muchos recursos propios". Ese, según Burón, es el motivo por el cual muchas administraciones optan por no hacer promociones de vivienda pública de alquiler.

A los 800 pisos que prevé haber acabado de construir el gobierno de Colau cuando finalice el mandato se suman unos 700 que contempla haber adquirido. De estos últimos, hasta la fecha, se han conseguido 497, de los cuales 346 se encuentran en 18 edificios verticales y el resto, en propiedades horizontales distribuidas por toda la ciudad.

Montaner ha reconocido que el compromiso era adquirir 4.000 y no 700 pero ha señalado que este objetivo no se podrá alcanzar, porque hay menos pisos vacíos de los que estimaron y por dificultades en el mercado.

El concejal ha dado a conocer todos estos datos referentes a vivienda pública en la nueva promoción municipal del número 40 de la calle Tànger, cuyas obras están en su fase final. Diseñada por los arquitectos Jaume Coll y Judith Leclerc, ha recibido el premio a la mejor edificación de obra nueva de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo.

El edificio tendrá dos modalidades de uso: habrá 47 viviendas de alquiler para personas con ingresos muy bajos y 20 alojamientos temporales para ciudadanos en situación de vulnerabilidad que estén esperando un piso definitivo y que procedan de otros recursos tutelados del Ayuntamiento. En ambos casos el precio del alquiler se adaptará a los ingresos de los inquilinos.