La Audiencia Provincial ordenó el lunes la detención de los cuatro representantes de la Comercializadora Peninsular de Vivienda (CPV) por la estafa cometida contra 1.200 compradores de pisos en Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas. El juez ordenó su detención al entender que existía riesgo de fuga por la gravedad de las penas impuestas. Los detenidos, que obtuvieron 37,5 millones de euros de los estafados, son Francisco García Moreno, accionista mayoritario de la CPV; sus hijos Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez, administradores de la sociedad, y Miguel Ángel Morillo del Pozo, también administrador.

El despacho de abogados Martínez-Fresneda adelantó ayer a 20 minutos que los imputados suman en total 36 años de cárcel. La condena más larga es de 15 años y la más corta, de 4. El juez les ha encontrado culpable de varios delitos de estafa y ha declarado la nulidad de los contratos y escrituras.

Según las mismas fuentes, también han sido condenados Adelina Erlés y Alfredo Vázquez (que falsificaron títulos de propiedad en el PAU de Sanchinarro), aunque éstos no han sido detenidos.

«Gastaron mi dinero»

Los afectados aseguraron ayer que «el daño moral» no se resarcirá «nunca», aunque celebraron el ingreso en prisión de los responsables por «gastarse el ahorro de los demás». «El daño que hicieron estos señores es irreparable. Me compré una casa y nunca se construyó. Se gastaron todo nuestro dinero», explicó ayer Elena Barrionuevo, una afectada. Ella entregó 18.000 euros a los administradores de la inmobiliaria, pero su dinero fue a parar «a una cuenta especial destinada a «los caprichos  de García Moreno y de sus compinches».

«Lo que hicieron fue como si me dieran una puñalada, ahora me la han cosido», dijo la mujer, que aún no ha podido comprarse una casa.

Seis años de litigios

La CPV era una promotora de vivienda que ofreció en 2002 casas de dos dormitorios a 75.000 euros y de tres a 96.000. La empresa sólo tenía suelo para construir 50 pisos, aunque captó a 1.200 familias. La Empresa Municipal de la Vivienda cedió suelo para 300 afectados que cumplían los requisitos para optar a una vivienda protegida. El resto se quedó sin piso.