En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha mencionado "la legitimidad y el derecho ciudadano de manifestarse por lo que considere oportuno", pero ha incidido en que no encuentran sentido a esta convocatoria "en tanto que no entendemos los argumentos".

Según ha añadido, "el poco argumentario que ha trascendido no lo compartimos y por otro lado nos parece escaso porque que se diga un solo caso en que en esta Comunidad a alguien le haya impedido el hecho de no ser euskaldun desarrollar su derecho civil, el que sea, y desarrollar su vida con normalidad; y sí tenemos por el contrario muchos casos de recortes de derechos lingüísticos a la otra parte de la ciudadanía, a la que habla la otra lengua".

Solana ha indicado que "ni un caso tenemos en el que se vulnere el acceso a la función pública ni un solo dato que avale que hay imposición del euskera en esta Comunidad". "Es una manifestación contra el euskera, no tanto contra el Gobierno", ha indicado

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha explicado, sobre lo pago de los autobuses, que, "como todo gasto público, tendrá que estar sometido a las normas de fiscalización y tendrá que haber partida presupuestaria en el Ayuntamiento y tendrá que haber motivación y justificación suficiente que tendrá que estar fiscalizada por los correspondientes órganos de los ayuntamientos".

Por su parte, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, ha señalado que la población euskaldun en Navarra "ahora mismo ve mermados sus derechos en la atención de lo servicios, algo que viene instaurado en la ley del Euskera, una ley que tiene más de 30 años".

Ha comentado que más de 80.000 personas en Navarra "son euskaldunes" y ha señalado que "la normativa que este Gobierno ha impulsado va poniendo el foco en esa ciudadanía". "Nos gustaría que se demostrara con hechos que se está impidiendo la igualdad de acceso a la función pública", ha indicado Ollo, para señalar que el Gobierno "trabaja para todos los navarros".