Ha presentado en rueda de prensa el proyecto de ley, que prevé que entre en vigor el 1 de enero de 2019 y que no afectará al gasto público autonómico comprometido con los partidos de izquierdas para 2018. Todos los miembros del Consejo de Gobierno, reunido este viernes en sesión extraordinaria, han votado a favor de la iniciativa, que se remitirá inmediatamente a las Cortes para su tramitación.

Ahora "el protagonismo pasa a las Cortes", ha continuado el titular de Hacienda, quien indicará que el Gobierno "está dispuesto" a participar en las negociaciones "si ellos quieren".

"Somos un Gobierno en minoría", ha dicho el consejero, quien ha considerado que, durante la tramitación del proyecto, "todos tienen que ceder" porque "si no, no es posible el acuerdo". Ha distinguido entre la votación de la toma en consideración y la posterior tramitación de las enmiendas y aprobación del articulado.

"No tengo líneas rojas ni las necesito tener", ha añadido, precisando que el Gobierno "no va a subir" el mínimo exento. Ha dejado claro que "a nadie se le va a engañar" y que "vamos a escuchar la voz de todos", mencionando especialmente a Podemos y el PP, si bien "el acuerdo con Cs es inamovible en lo fundamental".

Gimeno ha puntualizado que el Gobierno apoya este impuesto bajo el principio de la progresividad fiscal y teniendo en cuenta la tendencia hacia la armonización fiscal, añadiendo que "no es entendible" que los aragoneses paguen más que el resto de los españoles. Por otra parte, ha avanzado que "dentro de poco" comenzará a elaborar los Presupuestos autonómicos de 2019.

Fernando Gimeno ha recordado que "existe una discrepancia" con CHA, en alusión al mínimo exento, apuntando que el proyecto de ley recoge tres propuestas de la formación nacionalista, relativas a la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios, respecto a este gravamen, así como introducción de la fiducia y la bonificación para la transmisión de vivienda habitual en parientes colaterales de más de 65 años.

Con el proyecto presentado, solo pagará Sucesiones el 0,67 por ciento de los aragoneses, los que hereden más de 500.000 euros, 167 personas -en el grupo de familiares de primer grado y cónyuges- según los datos del pasado mes de marzo, ha expuesto el consejero.

De esta forma, aproximadamente el 99,3 por ciento de los aragoneses no pagarán este impuesto y "las grandes herencias seguirán pagando". Ha apuntado que, si se subiera el mínimo exento de los 500.000 al millón de euros, el impacto sobre los ingresos públicos sería de 20 millones de euros.

MEDIDAS

Con esta reforma, se incrementa el importe límite de la reducción prevista a favor del cónyuge, los ascendientes y descendientes del fallecido de 150.000 euros a 500.000 euros (que en el caso de discapacidad entre el 33% y el 65% va desde los 175.000 euros a los 575.000). Al mismo tiempo, la reforma actúa sobre el requisito según el cual el patrimonio preexistente del contribuyente no podía exceder de 402.678,11 euros, pasando a suprimir esta condición.

Por lo que respecta al impacto económico que la reforma tendrá en las cuentas de la Comunidad autónoma, el Gobierno de Aragón estima que las bonificaciones y reducciones introducidas provocarán una disminución de los ingresos obtenidos por este concepto de entre 40 y 45 millones de euros. Se trata, en cualquier caso, de una reforma que mantiene la progresividad del impuesto, ha informado el Gobierno de Aragón.

La reforma contempla otras modificaciones del gravamen. De esta forma, en el caso de que quien fallece tuviera hijos menores de edad, en la reducción que corresponda al cónyuge, el límite de 500.000 euros se incrementará en 150.000 euros por cada hijo menor de edad que conviva con dicho cónyuge; se amplía la reducción a descendientes de distinto grado, nietos y ulteriores, y para facilitar el beneficio se elimina el requisito que exigía al heredero no rebasar una determinada cifra de patrimonio previo preexistente.

Cuando el contribuyente, cumpliendo los requisitos de los apartados anteriores, tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%, los límites establecidos serán de 575.000 euros. Si la discapacidad es superior al 65%, no paga nada.

El proyecto de ley contempla una reducción del 100% para la adquisición de la vivienda habitual de quien fallece. Se eleva el límite de 125.000 euros a 200.000. Por lo que respecta al concepto de "casa familiar", se beneficiarán de la reducción los parientes colaterales mayores de 65 años -hermanos- que vivieran juntos. Afectaría por tanto a parientes de los grupos III y IV.

SUCESIÓN EMPRESARIAL

Otro de los aspectos destacados incluidos en la reforma hace referencia a las reducciones por adquisición mortis causa en el caso de entidades empresariales, negocios profesionales o participaciones en las mismas para aquellos beneficiarios distintos del cónyuge o descendientes, así como también en las adquisiciones destinadas a la creación de empresa y empleo.

Así, se incrementa la reducción del 30 al 50% en la adquisición genérica de dichas entidades, negocios o participaciones; se aumenta la reducción hasta el 70% cuando se trate de las llamadas entidades de reducida dimensión a que se refiere el Impuesto sobre Sociedades y en el caso de emprendedores que, además generen empleo, la reducción por adquisiciones mortis causa se incrementa del 30 al 50%.

DONACIONES

Por lo que se refiere a las donaciones, la reforma contempla una reducción propia relativa a las donaciones de dinero a favor de los hijos para la adquisición de primera vivienda habitual, o de un bien inmueble para su destino como primera vivienda habitual, en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En ambos casos otorgarán al donatario el derecho a la aplicación de una reducción del cien por cien de la base imponible del impuesto con un límite establecido de 250.000 euros y siempre que el donatario no tenga un patrimonio preexistente a los 100.000 euros. Deberá ser la vivienda habitual del hijo y mantenerla por un periodo de cinco años.

El proyecto amplía la reducción a los hijos que hubieran perdido la primera vivienda habitual como consecuencia de una dación en pago o procedimiento de ejecución hipotecaria y se encontraran en situación de vulnerabilidad.