Eva Querencio, una de las inquilinas, ha explicado a Europa Press que merced a lo previsto, el colectivo ha celebrado este miércoles por la mañana una reunión con el delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, quien ya había anunciado la "firme voluntad" de la Junta de adquirir estas VPO subastadas en favor de la sociedad privada Japp Samarfa.

No obstante, Sánchez precisaba que había encargado un informe a los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento y Vivienda, para que aclare "si es posible legalmente o no que se materialice la adquisición, ya que no se trata de un problema económico, sino jurídico, al encontrarse las 58 viviendas sometidas a dos planes de viviendas diferentes, con marcos jurídicos distintos según el momento en que se construyeron y que les era de aplicación".

En ese sentido, Eva Querencia ha manifestado que el delegado territorial habría ratificado esta tesis antes los representantes del colectivo, aclarando además que el plazo estipulado para que la Junta ejerza su derecho de tanteo o retracto sobre las viviendas quedó "suspendido" el pasado 4 de mayo, gracias a un movimiento administrativo de la Consejería de Fomento y Vivienda con relación a la subasta de estas VPO.

Dado el caso, el colectivo ha manifestado su "confianza" en la promesa de Jesús María Sánchez y, como gesto, ha suspendido la concentración prevista para la tarde de este miércoles ante el Parlamento Andaluz con motivo del pleno que celebraba el mismo. No obstante, los inquilinos sí han reclamado "más comunicación" al delegado territorial, señalando que la semana que viene se celebrarán nuevos encuentros y que no descartan nuevas acciones para mantener viva su reivindicación.

Se trata de dos promociones de viviendas protegidas en régimen de alquiler ubicadas en las calles Natalio Muñoz y Mercedes Ortega Farfán de Santiponce, que suman 58 inmuebles entre ambas.

PRÉSTAMO Y CONCURSO DE ACREEDORES

Para la construcción de tales viviendas protegidas, la sociedad municipal Prosuvisa suscribió un préstamo de unos 1,5 millones de euros, con idea de ir amortizando paulatinamente dicha deuda, en parte con los alquileres aportados por los inquilinos.

Pero allá por 2013, las dificultades económicas de Prosuvisa motivaron un concurso de acreedores declarado como fortuito en 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, toda vez que también ese año fue aprobado el plan de liquidación de la citada sociedad municipal, al objeto de sufragar en todo lo posible las deudas arrastradas por la misma.

Y es que allá por 2017, Prosuvisa aún tendría unos 800.000 euros pendientes de pago por el citado préstamo, toda vez las rentas de alquiler pendientes de pago por parte de los inquilinos con la ya extinta sociedad municipal oscilarían los 350.000 euros por aquel mes de noviembre.

Lo cierto es que después de que en 2013 la citada empresa municipal fuese declarada en concurso de acreedores, una subasta derivada de la liquidación de la misma se habría saldado con la adjudicación de las viviendas a la sociedad privada Japp Samarfa, según informaba a Europa Press Eva Querencio, una de las inquilinas de estas VPO.