Así lo ha asegurado Sánchez Quero en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de presidir el pleno de la corporación provincial, en el que se ha tomado conocimiento del informe de intervención sobre la liquidación del presupuesto de la Diputación de 2017, que arroja un superávit de unos 16,5 millones de euros.

El presidente ha recordado que el techo de gasto el pasado año era de 135,5 millones de euros y la deuda es ahora "prácticamente ridícula", dado que "a final de año la vamos a amortizar". "Tenemos una capacidad de deuda de un 10 por ciento, de unos 15 millones de euros, pero tenemos una deuda del 2,97 por ciento", ha comentado.

Con los 16,5 millones de euros de superávit, "la Diputación podría sacar un plan de inversiones financieramente sostenibles para toda la provincia de unos 16 millones, que los ayuntamientos van a agradecer, pero tenemos que debatirlo con los grupos políticos", ha advertido, al indicar que se comprometió con los grupos, en junta de portavoces, ha atender los daños causados por lluvias, inundaciones y riadas en la provincia y se deberá analizar cuántos recursos se destinan a ello.

"Mandamos una carta a todos los ayuntamientos para que nos dijeran qué necesidades tenían y en función de la evaluación que hagamos de sus peticiones destinaremos una cantidad u otra a inversiones financieramente sostenibles para municipios o desde la DPZ haremos las actuaciones que sean precisas", ha comentado Sánchez Quero.

SECRETARIOS EN LOS AYUNTAMIENTOS

En la sesión, los grupos han aprobado por unanimidad una moción presentada por el PP por la que se pide al Gobierno de Aragón que dote adecuadamente de efectivos a la bolsa actual de secretarios e interventores, que se ha visto diezmada también por la dificultad de los exámenes.

También se reclama que la institución provincial, a partir del Cuarto Espacio, adopte las medidas que crea oportunas para mitigar la falta de secretario-interventor en algunos núcleos.

La diputada del PP, Inmaculada de Francisco, ha advertido de que este es un "problema real que sufren los ayuntamientos de la provincia" y ha señalado que la falta de secretario-interventor paraliza la actividad diaria en los consistorios.

Ha relatado que el problema afecta actualmente a Santa Cruz de Grío y Chodes (ambos comparten secretario), a Botorrita, El Frago, Biel, Aldehuela de Liestos, Torralba, Berrueco y Gallocanta. Recientemente sufrieron la misma situación también en Longás, Urriés, Orés y Asín. Esta realidad, angustiosa para los alcaldes, es cíclica; y cuando algunos núcleos consiguen, por fin, cubrir el puesto, otros quedan descubiertos, ha alertado la diputada.

La bolsa de interinos que existe para atender estas funciones, y que depende del Ejecutivo autonómico "no es suficiente para cubrir las vacantes. Pero, además, y cuando por fin se designa a un trabajador, este puede rechazar su destino en cuanto lo desee sin mediar ninguna justificación objetiva, a pesar de que detentan una competencia básica y crucial para las cuentas y las operaciones de estos ayuntamientos".

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha observado que "tenemos este debate por la falta de respuesta del Gobierno de la Nación" y sus limitaciones a la hora de convocar oposiciones, ha dicho tajante, para desear que "entre todos" se pueda resolver esta situación para evitar que se "colapsen" los pequeños consistorios.

PGE

En el pleno se han aprobado también dos mociones de CHA y En Común sobre los Presupuestos Generales del Estado. La propuesta de CHA ha contado con el apoyo de PSOE y En Común, la abstención del PAR y el voto en contra de PP y Cs, y expresa al Gobierno de España el rechazo de la institución provincial ante las cifras y planes de inversión en infraestructuras previstas para Aragón, y en especial a la provincia de Zaragoza contempladas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año.

En la moción aprobada de CHA también se solicita a los grupos parlamentarios y, singularmente, a todos los diputados y senadores aragoneses que defiendan en la tramitación actual del proyecto de Ley de PGE el aumento de todas las aplicaciones presupuestarias referidas a las inversiones en Aragón y, de forma especial, las de los desdoblamientos de las carreteras N-II y N-232, la mejora del tramo ferroviario Teruel-Zaragoza en el corredor Cantábrico-Mediterráneo y las que posibilitan cumplir los objetivos de la reapertura del ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau.

La moción del grupo En Común, que ha recibido el apoyo de PSOE y CHA y el voto en contra de PP, Cs y PAR, pide al Gobierno de España que elabore unos nuevos PGE que sirvan para utilizar el crecimiento con el fin de "reducir la brecha social que ha dejado la crisis y la gestión que el Ejecutivo ha hecho de la misma, para cerrar la brecha con Europa en términos de servicios sociales y para implementar una modernización económica que suponga un cambio de modelo productivo que permita mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas de España".

El pleno ha rechazado, por otra parte, una moción de Cs en la que se reclamaba reconocer el esfuerzo y mérito de los empleados públicos del medio rural de la provincia y mostrar apoyo a sus demandas para que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones y prestar unos servicios de calidad. La propuesta solo ha recibido el apoyo del PAR, mientras que el PSOE ha votado en contra y PP, CHA y en Común se han abstenido.

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado con los votos a favor de PSOE, CHA y PP y la abstención de En Común, Cs y Partido Aragonés, la propuesta de resolución de revisión de oficio del proceso selectivo del concurso oposición de bomberos conductores del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI). En este punto, Sánchez Quero ha recalcado una vez más que "en todo el proceso se ha seguido escrupulosamente la legislación vigente", recordando que el proceso está "judicializado".