Unións Agrarias estima que la reforma de la política agraria común (PAC) que plantea la Unión Europea (UE) para el periodo 2021/2027 supondrá para España una reducción del 17,97% en el presupuesto destinado a subvenciones agrícolas y ganaderas, con respecto al que maneja en la actualidad (2014/2020).

Para paliar este eventual recorte, el sindicato plantea una "bolsa común" entre comunidades autónomas de modo que se garantice una "redistribución equitativa" de los fondos, ya que, de no ser así, advierte de que Galicia "saldría perjudicada".

En una rueda de prensa este miércoles en la sede de UGT, el secretario xeral del sindicato agrario, Roberto García, ha asegurado que, pese a que desde Bruselas se habla de una reducción del 10,61% del presupuesto -en euros de 2018-, esta no tiene en cuenta la inflación ni la devaluación del euro en los próximos años, que transformaría la cifra, según sus cálculos, en un 17,97% -en euros del 2020-2027-.

Así, García ha advertido de que desde el año 2000 ha ido en aumento el número de estados que forman parte de esta "política única" de Bruselas, pero, sin embargo, ha habido una "reducción del presupuesto que se reparte entre los mismos".

Para Unións, uno de los "elementos de discusión importantes" es el futuro de los agricultores y ganaderos gallegos, que cubren el 80% del territorio de la comunidad. Al respecto, ha señalado que el documento de ajuste presupuestario se fija entre los jefes de los estados miembro de la UE y entre sus ministros de agricultura, pero "no contando" con la opinión de los trabajadores.

Además, el representante sindical ha incidido en que el presupuesto se fijará, según lo establecido en la nueva reforma, "teniendo en cuenta los gastos y no los ingresos", es decir, "el ajuste de la partida se fijará sobre un recorte de gastos" y "no sobre una subida de los ingresos".

RECORTE EN LA PARTIDA AGRARIA

En esta misma línea de reclamaciones, el secretario xeral de Unións Agrarias ha alertado de que "se están ajustando los gastos del Brexit y de la protección de fronteras frente a la inmigración recortando la partida de la política agraria comunitaria".

De este modo, ha advertido de que "con tal recorte es imposible decir que la nueva PAC quiere mejorar las condiciones de los agricultores" o "gestionar el medio ambiente y los criterios de garantía alimenticia", entre otros, ya que la "reducción del presupuesto" no lo permite.

Así, ha criticado que lo que sucederá será una "descarga de partidas muy importantes del presupuesto público sobre los ingresos de las persona que menos reciben", si se tiene en cuenta que "los agricultores de la UE tienen unos ingresos inferiores a la renta media de un trabajador europeo".

ESPAÑA ACEPTARÁ LA REFORMA

Sobre la respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras ser conocedor del nuevo presupuesto destinado a la PAC, el representante sindical agrario ha señalado que el Ejecutivo "hace una buena campaña de comunicación para maquillar las cifras", de modo que "lo asume bien".

Además, ha destacado que "si Rajoy da por bueno este nuevo presupuesto, España no va a cuestionar la cifra de recorte", por lo que solo queda "una esperanza", y esta es Francia, un país que en su opinión está "comprometido con la agricultura" y es "el único que presentó su oposición directa" a la reforma.

REPARTO EQUITATIVO DE LAS PARTIDAS

Otra de las "preocupaciones" planteadas por García se centra en el reparto de las partidas presupuestarias de la PAC entre las diferentes comunidades autónomas del país. En este sentido, ha apuntado que España tiene la potestad de dividir el capital que recibe de Bruselas entre sus diferentes territorios.

Además, ha explicado que la Unión Europea deja que "cada Estado compense los fondos que llegan de menos desde Bruselas", con una especie de "renacionalización" de la PAC. Así, ha asegurado que "los países con mayor compromiso ganadero salen más beneficiados" y "las comunidades autónomas con más presupuesto notarán menos el déficit".

Así, ha incidido en que Galicia "saldría perjudicada", ya que comunidades como Andalucía o Castilla La Mancha poseen "documentos escritos" de acuerdos firmados con sus respectivos gobiernos, mientras que la Comunidad gallega "carece de este tipo de documentos o de reuniones y discusiones en el Parlamento sobre esta cuestión".

BOLSA COMUNITARIA Y AGRICULTORES "DE SOFÁ"

De este modo, Unións Agrarias ha planteado una "solución" para esta repartición "desigual" de los fondos entre comunidades, con la "creación de una estrategia entre autonomías para que cualquier recorte del Gobierno quede en una bolsa comunitaria común", al "realizar una redistribución equitativa de los fondos".

Asimismo, García ha resaltado que en España existen actualmente 300.000 trabajadores agrarios reconocidos y con "documentos que los avalan", pero que, sin embargo, la cifra de preceptores de subvenciones se eleva hasta los 800.000. Así, ha asegurado que "existe la necesidad de acabar con los agricultores de sofá", aquellos que "no trabajan las tierras de manera directa y perciben del mismo modo ayuda económica".

En este sentido, ha asegurado que "España es el único país que mantiene la figura del agricultor de sofá" y "sin actividad agraria", debido a que "mucha gente" con "criterios mínimamente exigentes de actividad y venta de productos en el mercado agrario", puede percibir subvención solo con demostrar que "produce algo".