Los sindicatos mayoritarios en la Administración General del Estado (AGE) -UGT, CCOO y CSIF- han anunciado este viernes movilizaciones entre el 21 de mayo y el 21 de junio para exigir un aumento de 300 euros en sus nóminas, lo que supondría una equiparación salarial con el resto de administraciones públicas.

De acuerdo al documento conjunto presentado por las centrales, este incremento tendría dos partes: una lineal de 200 euros para todo el personal de la AGE -además de situar el salario mínimo en 1.200 euros- y otros 100 ligados al desarrollo de la carrera profesional.

Los sindicatos reclaman que el Ejecutivo los convoque a la Mesa General de Negociación de la AGE para abordar este asunto, así como una nueva oferta pública de empleo, la supresión de la brecha salarial entre el personal laboral y el funcionario o la recuperación del 100% de las retribuciones por situación de incapacidad temporal.

"La AGE es la (administración) más cicatera con sus 200.000 trabajadores, más o menos, después de perder 30.000 efectivos en los últimos años", ha denunciado el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carlos Álvarez.

Tal y como ha expuesto el representante de CSIF, los funcionarios de la AGE se han sentido "como peleles para que Rajoy y Montoro pudieran sacar pecho en Bruselas" y ha puesto el ejemplo de funcionarios cuyas retribuciones no alcanzan los 998 euros brutos.

Las movilizaciones y concentraciones se desarrollaran ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las capitales de provincia, coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, entre el 21 de mayo -cuando se vota las enmiendas parciales en el Congreso- y el 21 de junio. La primera convocatoria será en Albacete, seguida de Murcia el 23 de mayo, Sevilla y Bilbao el 24 y Madrid el 27, en un calendario que todavía está por cerrar.