El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, en su calidad de segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Seguridad, Interior y Personal, Promoción Deportiva y Transportes y Comunicaciones del Ayuntamiento de Llanes, con pleno conocimiento de su ilegalidad, emitió resoluciones en expedientes sancionadores de tráfico "de forma injustificada, inmotivada y con absoluta discrecionalidad".

El acusado emitió las resoluciones y decidió las revocaciones y anulaciones de sanciones de trafico expresadas sin observar las formalidades mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico, con desprecio absoluto de las mas elementales normas del procedimiento sancionador previstas en el Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de circulación de vehículos de motor y seguridad vial.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación previsto y penado en el Art 74 y 404 del Código Penal, en su redacción vigente en el momento de los hechos, y solicita que se condene al acusado a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.