Los sindicatos de la enseñanza concertada han celebrado este miércoles la firma por parte del conseller de Educación y Universidad, Martí March, del acuerdo de mejoras en la concertada.

En un comunicado, FSIE ha valorado "la buena disposición" de los responsables de la Conselleria "que han hecho posible que Baleares se convierta en la primera comunidad autónoma que asume una prórroga de la jubilación parcial para los docentes de la escuela concertada".

Con todo, FSIE ha indicado que confía en poder "mejorar sustancialmente las propuestas iniciales" de la Conselleria en la comisión técnica para lograr la equiparación concreta de los docentes de la red pública y el abono de nuevos sexenios.

Por su parte, USO ha aplaudido la firma de los acuerdos de reducción de hora lectiva y jubilación parcial, aunque ha mantenido que seguirán reivindicando la reducción de jornada para todas las etapas incluyendo las de infantil, primaria y Educación Especial de la enseñanza privada concertada.

Además, han reivindicado que se aumenten las horas de reducción para mayores de 55 "tal y como se ha llevado a cabo para los docentes de la pública".

En cuanto a la equiparación con los docentes públicos, USO ha mantenido que se debe llevar a cabo conforme al Acuerdo de 2016, que refleja una subida de 30 euros en el complemento retributivo a partir de septiembre de 2018.

Finalmente, USO se ha opuesto a la propuesta de la Conselleria de negociar únicamente el pago del segundo sexenio en el curso 2019-2020, con cantidades que considera "incorrectas". "Exigimos la negociación del segundo, tercer, cuarto y quinto para llegar a la equiparación con los funcionarios docentes interinos, tal y como reza el acuerdo de 2016", han reclamado.

Paralelamente, el STEI-i ha manifestado que están "lejos aún de la pública" pero "dos horas por debajo de lo que se hace en la mayoría de comunidades, ya que el convenio estatal sigue marcando 25 horas lectivas".

En este sentido, STEI-i ha recordado que a principio de curso presentaron un estudio de viabilidad que "demostraba que el hecho de que una persona con nómina de concertada se acogiera a la jubilación parcial con las condiciones y requisitos que establece el Real Decreto-ley 5/2013 no suponía ningún perjuicio económico para la Conselleria".