Según ha explicado en un comunicado el Consistorio Palmesano, el objetivo de la propuesta, que considera Palma como zona única, es priorizar el acceso a la vivienda de los residentes y trabajadores en la ciudad.

En cuanto a los unifamiliares no podrán alquilarse aquellos que se encuentren en suelo rústico protegido, en la zona de influencia aeroportuaria y en aquellas viviendas con usos diferentes al residencial y al turístico. La iniciativa se trasladará al próximo pleno para su aprobación inicial.

Desde Cort han expuesto que las denuncias por molestias ocasionadas por turistas que se alojan en viviendas se han incrementado, pasando de 42 en 2014 a 192 en 2017.

El punto de partida de la propuesta, han sostenido, nace con la proposición impulsada por la Federación de Asociaciones de Vecinos aprobada por el pleno el 27 de julio de 2017. Dicha proposición necesitaba del aval técnico y jurídico necesario para convertirse en propuesta urbanística.

Del análisis y el estudio, se ha concluido que la oferta de pisos de alquiler turístico no reglados aumentó entre 2015 y 2016 en un 50 por ciento, llegando cerca de las 20.000 comercializadas.

Asimismo, el 48 por ciento de los alquileres vacacionales se ofrecen en periodos de entre 7 y 9 meses y, por lo tanto, "no abren ninguna posibilidad de alquiler residencial".

Por otra parte, la Gerencia también ha concedido permiso de instalación y obras a actividades permanentes mayores al proyecto de reforma y ampliación del hospital de la Cruz Roja, la reforma de un hangar del aeropuerto y el proyecto del nuevo Can Joan de s'Aigo.