Así, ha explicado que "los CIS realizan una función esencial en la contribución al cumplimiento del mandato constitucional que establece la orientación de las penas privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social.

Así, ha continuado, el CIS Evaristo Martín Nieto, ubicado en el Polígono Guadalhorce está destinado al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto, seguimiento de medidas de localización permanente y trabajos en beneficio de la comunidad y seguimiento de liberados condicionales, así como el seguimiento de cuantas penas no privativas de libertad se establezcan en la legislación penal.

En este sentido, ha añadido Pérez, "el Gobierno central mantiene a este CIS como el más masificado de toda Andalucía, contando en la actualidad con 406 internos cuando el máximo fijado es de 200. Además se ha producido la privatización de servicios internos como los de limpieza y vigilancia, hecho este último que va en contra de la Ley puesto que debería ser realizada por los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

"El Ayuntamiento está siendo cómplice de esta privatización por parte del gobierno de Rajoy, y tampoco está haciendo sus deberes", ha dicho, al tiempo que ha añadido que el alcalde De la Torre "hizo caso omiso a las solicitudes de los trabajadores del CIS para instalar vigilancia de la Policía Local en los aledaños de las instalaciones o habilitar un paso de peatones que facilite el acceso a pie al complejo".

Por su parte, la concejala socialista Lorena Doña ha indicado que presentarán una moción en la Comisión de Pleno de Economía, Promoción Empresarial y Empleo en la que exigirán al gobierno central la apertura de negociaciones con los empleados y empleadas públicas penitenciarias para acabar con la decadencia laboral que padece este sector.

"Tal y como nos han comunicado representantes sindicales actualmente se está vulnerando el derecho a la negociación colectiva con los legítimos representantes de los trabajadores, lo que ha desembocado en una manifestación en Madrid a la que asistieron más de 10.000 trabajadores y trabajadoras de instituciones penitenciarias", ha agregado.

Asimismo, ha indicado que "llevan cinco años sin concurso de traslados, y se encuentran con una plantilla muy envejecida y un déficit del 15 por ciento de las plazas sin cubrir. Asimismo sufren una brecha retributiva por la que pueden llegar a cobrar entre 300 y 700 euros menos en función de la zona de España en la que trabajen. En el caso de Málaga hay unas 800 personas afectadas por esta precariedad laboral, 60 de ellos en la capital, lo que nos parece completamente intolerable".

"El Partido Popular lleva mucho tiempo hablando de la salida de la crisis económica pero la realidad es que hay muchos trabajadores y trabajadoras como los de servicios penitenciarios que siguen diariamente sufriéndola", ha concluido.