Concentración abogados Málaga. Abril 2018
Concentración abogados Málaga. Abril 2018 EUROPA PRESS

Así, una portavoz de la agrupación en Málaga de Red de Abogados ha leído un manifiesto en el que han criticado "el olvido y el maltrato por parte del Gobierno estatal y autonómico andaluz de todo lo relacionado con la administración de Justicia", lo que supone, han señalado, "una justicia lenta, sobrecargada e ineficaz; en definitiva, de pésima calidad".

Para los abogados, "la justicia es un pilar esencial para la ciudadanía y las empresas", por lo que han instado a "desterrarse la equivocada idea de que es un gasto, cuando es una inversión en paz social, seguridad jurídica y progreso económico", apuntando en el manifiesto que "este maltrato sólo es entendible desde una perspectiva: la justicia es el poder de control del poder político".

El decano del Colegio de Abogados, institución que ha participado en esta concentración, ha dicho que seguirán reivindicando al Ministerio de Justicia, a la Junta de Andalucía y a cualquier otra administración "lo que corresponda en salvaguarda de los derechos de la ciudadanía y por la situación de la abogacía", considerando imprescindible en Málaga "crear más órganos judiciales".

"Es lamentable el retraso con el que se están celebrando los juicios, es lamentable que no se refuercen los juzgados de lo Mercantil, que no se haya creado ya la Sala desplazada de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que no se nos permita estar enfermos", ha manifestado Lara, quien ha dicho que seguirán "defendiendo el respeto que merece nuestra profesión".

"Nuestra profesión no es una más, de nosotros depende la supervivencia del Estado de derecho y si no se respeta a los ciudadanos, no se respeta el Estado de derecho", ha manifestado, lamentando que "no se avanza en mejorar" la situación en la que se encuentra la administración de justicia, "que es absolutamente fundamental".

RECURSO CONTENCIOSO

Respecto al Turno de Oficio, el decano ha indicado que desde el colegio "hemos presentado distintas demandas contra la Junta de Andalucía", afirmando que este mismo jueves se ha presentado el recurso contencioso-administrativo contra la orden que regula la justicia gratuita en la Comunidad autónoma andaluza, incluyendo el pago a los abogados de oficio.

Así, esta decisión está fundamentada en el informe realizado por la Comisión del Turno de Oficio, que ha contado con las aportaciones que han realizado las subcomisiones de Extranjería, Violencia de Género, Menores, Penitenciario y por el Grupo de Abogados Jóvenes.

Desde el colegio consideran, han indicado en un comunicado, que determinados artículos de la citada orden "vulneran la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, de 10 de enero; y el decreto 67/2008, de 26 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

Asimismo, han apuntado que se entiende que también vulnera el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía; y la Ley Orgánica de Protección de Datos, "al exigir en las transacciones extrajudiciales la aportación del documento de dicha transacción, el cual incluye datos especialmente protegidos".

Lara ha dicho que "hay situaciones en las que los letrados de oficio cobran menos de dos euros la hora", apuntando que "no conozco ningún otro trabajo en el que se cobre eso". Ha afirmado que el sistema español de Justicia Gratuita es "uno de los mejores del mundo y cuenta con un alto nivel de satisfacción por parte de los usuarios", pero ha insistido en que deben aumentar las retribuciones.

En Málaga, más de 1.800 abogados de oficio atienden cada año a casi 40.000 ciudadanos, garantizando de este modo que todas las personas tengan derecho a una tutela judicial efectiva, independientemente de su situación y de sus recursos económicos. Además, han exigido la eliminación de "las diferencias que actualmente existen entre las diferentes comunidades autónomas".

En este sentido, desde la Red de Abogados de Málaga han incidido en el manifiesto en esa "mejora de las retribuciones para que sean dignas y acorde a los tiempos, trabajos realizados y responsabilidad que implica", considerando que "como mínimo debe producirse un incremento del 45 por ciento". Además, han instado a una liquidación mensual "puntual".

Por otro lado, el decano ha recordado que el colegio fue "el promotor de la primera manifestación togada de la historia de España cuando se promulgó aquella infame ley de tasas", pidiendo desde Red de Abogados Málaga "su total eliminación". "Llevamos cinco años desde la Abogacía malagueña reivindicando la mejora de los derechos de los ciudadanos y de las condiciones de los letrados", ha dicho Lara.

Asimismo, ha indicado que este acto supone "un respaldo a la acción desarrollada por la junta de gobierno de la Corporación" que preside "los últimos cinco años", indicando que esa postura "reivindicativa" ha costado "que el decano sea citado a declarar como imputado por plantarse ante los jueces y fuera expedientado por el Consejo Andaluz de colegios de abogados".

OTRAS REIVINDICACIONES

Desde la agrupación Red de Abogados de Málaga no descartan, según han señalado en su manifiesto, "nuevas movilizaciones y medidas de no abrirse una mesa de negociación" para que tanto el Ministerio de Justicia como la Junta de Andalucía "asuman compromisos firmes en sus respectivas áreas de competencias" sobre las reivindicaciones expuestas.

En este sentido, han reivindicado un "incremento relevante y progresivo de la inversión en materia de justicia por parte del ministerio y de la Junta", para aumentar el número de juzgado" y han considerado "imprescindible que la elección de la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se haga por jueces".

Asimismo, han insistido en la conciliación familiar y en una justicia "accesible", así como "eficaz", pidiendo la creación de una plataforma de comunicación telemática "segura y sencilla" y un expediente electrónico "gestionado con sistemas procesales interoperables". Además, instan a "regular el derecho de desconexión de los abogados".

También han reivindicado la eliminación de los juzgados provinciales de cláusulas abusivas "por el grave perjuicio que supone para los consumidores", solicitando que se pongan en marcha "medidas extrajudiciales realmente efectivas", además de "dotar de medios personales y técnicos excepcionales a la justicia ordinaria que permitan dar salida a estos procedimientos en tiempo breve".

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