Así lo ha señalado este miércoles, a preguntas de los periodistas sobre este asunto, la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Córdoba, María Ángeles Luna, después de que el Consistorio lucentino recibiera la solicitud de los titulares de la residencia de que el Ayuntamiento les ceda dichas instalaciones para su uso provisional como residencia, mientras invierten cerca de un millón de euros en rehabilitar el actual edificio que acoge la residencia.

Ante esto y respecto al informe solicitado por el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía sobre el uso de Los Santos, Luna ha aclarado que, "siguiendo los procedimientos establecidos, nuestros técnicos ya están trabajando para colaborar en ofrecer la solución que proceda, tras el estudio de la situación".

Igualmente y en cuanto a las críticas que ha hecho IU a la Junta por la supuesta dejación de su labor inspectora sobre dicha residencia, la delegada ha señalado que, "en el ámbito de la protección de la salud, también se llevan a cabo las inspecciones pertinentes" y "se han realizado inspecciones sin encontrar deficiencias los días 11 de julio de 2017, 23 de octubre de 2017 y el 27 de marzo de 2018.

En cualquier caso, según ha detallado, no fue hasta el pasado 22 de febrero de 2018 cuando el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó "la colaboración de la Junta de Andalucía" para "esclarecer los motivos de una queja tramitada" ante la Oficina del Defensor Andaluz sobre la situación de la mencionada residencia privada.

Tras esta solicitud, fue la propia delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, con fecha del pasado 14 de marzo de 2018, quien dictó una "resolución" y acordó "ordenar una actuación inspectora para constatar la veracidad de la queja presentada ante el Defensor del Pueblo Andaluz y para que se comprobase la atención prestada a los residentes, al objeto de prestar la colaboración requerida", y el pasado 20 de marzo de 2018 se giró una "visita inspectora", de cuyas actuaciones no se facilita información "por el principio de confidencialidad".

En cualquier caso, según ha subrayado Luna, la Junta de Andalucía "viene actuando en este establecimiento privado, al igual que lo hacen con el resto de establecimientos públicos y privados de la provincia en su plan anual de inspección, siempre velando por el bienestar de las personas", teniendo en cuenta que "son más de 250 los establecimientos en la provincia".

En este transcurso de tiempo, según ha precisado Luna, su Delegación tubo conocimiento el pasado viernes 13 de abril, "a través de los medios de comunicación, de un informe municipal que habla de que el edificio no reúne condiciones de seguridad y salubridad mínima", de modo que, "conocida la existencia de ese informe", la delegada lo requirió al Ayuntamiento y lo recibió el mismo viernes.

Este informe municipal ha sido conocido por la Inspección de Servicios Sociales de la Delegación este pasado lunes 16 de abril y, "en base a este informe" la Delegación territorial, "con sus técnicos, está trabajando en el análisis de la situación para adoptar una solución respecto a la residencia Nueva Aurora, siempre teniendo como referencia el interés y el bienestar de las personas que allí residen, aunque estén basadas en hipótesis".