Según ha explicado en una nota informativa la compañía, el acuerdo ha sido subscrito por el director general de Endesa en Baleares, Martí Ribas, y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

El Real decreto 897/2017, de 6 de octubre, prevé que las empresas comercializadoras de referencia podrán suscribir convenios con las administraciones autonómicas o locales que establezcan los mecanismos de coordinación para evitar la suspensión de suministro de electricidad por razón de impago a estos consumidores, con objeto de que los servicios sociales correspondientes puedan prestar y acreditar mediante el correspondiente certificado la ayuda económica para el pago de las facturas.

Igualmente, dispone que los convenios que se suscriban atenderán al establecimiento de plazos concretos para el pago de las obligaciones que se deriven, así como a la acreditación fehaciente mediante certificado por parte de las administraciones autonómicas o locales de los pagos efectuados ante la comercializadora de referencia.

El importe mínimo a cofinanciar por la administración que gestione las ayudas económicas para evitar la referida suspensión del suministro de electricidad por impago aparecerá reflejado en cada factura y será el correspondiente al importe de la factura en PVPC previo a la aplicación del descuento por bono social.

Por su parte, Endesa realizará descuentos en la factura eléctrica de los clientes vulnerables, concederá ayudas a los clientes en riesgo de exclusión social y ampliará el plazo de pago de los clientes que presentan dificultades en el pago de las facturas.