Es decir, que corresponde a servicios públicos básicos de bienestar social, educación, atención al dependiente o protección civil, que el usuario financia vía impuestos directos o indirectos y que el Gobierno realiza a través de determinadas empresas o fundaciones públicas pero por los que no se cobra.

Como ejemplo, ha citado los servicios prestados por la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, el servicio de Bomberos y Emergencias del 112, o el servicio de las aulas de dos años que presta la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

"Imagínese que los bomberos de 112 acuden a apagar un incendió a Vega de Pas y luego pasasen la factura al Ayuntamiento", ha apostillado Sota para defenderlo.

"Son servicios que prestan estas empresas o fundaciones públicas pero que, de no ser así, tendrían que prestarse por parte de la administración autonómica", ha indicado, explicando que figurarían como gasto en los presupuestos de las diferentes consejerías.

Sota ha contestado así este viernes a las críticas de PP, Podemos y Cs a esas "pérdidas" del sector empresarial y fundacional del Gobierno, tras conocer el informe elaborado por la AIReF.

Y al igual que ya han dicho le presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, han indicado que el Gobierno "no tiene en su mente ni subir precios o tasas ni reducir el número de empresas y fundaciones".