Actualmente 277 de los 292 municipios de la provincia encomiendan a la DPZ la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y 278, la del impuesto de actividades económicas (IAE). Además, más de un centenar de estos consistorios le encomiendan también la gestión y el cobro de otros tributos y tasas municipales.

Todas esas delegaciones y prestaciones se traducen en que, a lo largo de 2017, el servicio de Gestión y Atención Tributaria de la Diputación de Zaragoza tramitó más de 590.000 recibos y liquidaciones y respondió más de 92.000 consultas ciudadanas a través de las oficinas de atención al público que tiene en Zaragoza, Calatayud, Ejea, Tarazona y Caspe; de su servicio de atención telefónica; y de su oficina virtual tributaria.

"Sin duda, se trata de uno de los servicios de la institución más demandados y valorados por los ayuntamientos", ha destacado su coordinadora, Lourdes Torres, al indicar que "los municipios de nuestra provincia suelen ser pequeños y tienen poco personal para poder hacerse cargo de estas facultades, por eso deciden delegarlas en la Diputación, que les repercute un coste por los importes recaudados casi siempre inferior al que les supone hacerlo ellos directamente".

En este sentido, Torres ha recordado que "en la mayoría de los casos los impuestos delegados en la DPZ son tributos de gestión compartida que exigen estar en contacto permanente con otras administraciones". "También hay que tener en cuenta que, en este ámbito, los cambios legislativos y de gestión son constantes. En cualquier caso, se da libertad para que cada municipio realice las delegaciones que más se adapten a sus necesidades", ha comentado.

La institución provincial presta este servicio a los municipios desde mediados de la década de los 80, cuando la modificación de la Ley de Haciendas Locales dio más autonomía a los municipios en materia tributaria.

SERVICIO INTEGRAL

Estos tuvieron que asumir la recaudación de tributos propios que anteriormente era realizada por el Estado, lo que llevó a la Diputación de Zaragoza a poner en marcha el servicio de Recaudación para que les apoyara en esa compleja labor. Además, en 2001 se decidió impulsar este departamento, que pasó denominarse servicio de Gestión y Atención Tributaria y amplió la carta de prestaciones que ofrece a los ayuntamientos.

"Damos un servicio integral que incluye desde el asesoramiento legal hasta la realización de la totalidad de las actuaciones que conlleva el ejercicio de la potestad tributaria local: gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión", ha detallado Torres. Además, y de cara al ciudadano, "también prestamos un servicio de atención tributaria para que los vecinos de nuestros municipios puedan cumplir correctamente sus obligaciones fiscales municipales".

En la actualidad, 277 ayuntamientos tienen delegado en la DPZ el IBI y 278, el IAE; 110, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; y 42, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -más conocido como el de plusvalías-. A eso hay que sumarle que 99 municipios también encomiendan a la institución provincial la gestión y el cobro de distintas tasas municipales como la del agua o la de basuras.

INCLUYE EL COBRO POR VÍA EJECUTIVA

El servicio de Gestión y Recaudación Tributaria realiza también el cobro en vía ejecutiva, que es la que se inicia una vez finalizados los plazos de pago voluntario. "No obstante, el porcentaje de recaudación en la fase de pago voluntario se sitúa en torno al 93 por ciento", ha aclarado su coordinadora.

La vía ejecutiva es mucho más compleja que la recaudación en voluntaria. Por eso los municipios también pueden encargar a la DPZ ese tipo de recaudación aunque la fase voluntaria la gestionen ellos directamente. De hecho, hay seis ayuntamientos, cuatro comarcas y una entidad menor que han optado por esta opción sin tener ninguna delegación en fase voluntaria. En 2017, los cargos externos para el cobro en ejecutiva

superaron los 4,8 millones de euros.

El coste que el servicio tiene para los municipios es del 4,5 por ciento de lo recaudado en vía voluntaria, del 50 por ciento del recargo aplicado en vía ejecutiva y del 10 por ciento de los importes liquidados como consecuencia de inspecciones, sanciones y actuaciones catastrales.

No obstante, en 2014 la Diputación de Zaragoza aprobó una serie de bonificaciones que dependen de la antigüedad de la delegación, de si el ayuntamiento ha delegado los tres impuestos municipales obligatorios (el IBI, el IAE y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) y también del importe total de los valores puestos al cobro el año anterior.

Por otra parte, y por delegación de la Agencia Tributaria, la institución provincial lleva a cabo la inspección para comprobar que las empresas que tributan por el IAE pagan los importes que les corresponden. De esa prestación se benefician los 278 ayuntamientos que tienen delegada la gestión de ese impuesto, y solo el año pasado se tramitaron 49 expedientes de inspección y se impusieron 86 sanciones. Esto supuso la emisión de liquidaciones por más de 900.000 euros.

CONVENIO CON EL CATASTRO

Con el objetivo de facilitar las gestiones catastrales a los vecinos de la provincia, el servicio de Gestión y Atención Tributaria de la Diputación de Zaragoza también colabora en la tramitación de expedientes de modificación de datos catastrales, para lo cual tiene suscrito un convenio con la Dirección General del Catastro desde 2006.

Esa labor se realiza para los 277 municipios que tienen delegada la gestión del impuesto de bienes inmuebles, y se traduce en las correspondientes liquidaciones e incorporaciones a los padrones del IBI de los ayuntamientos.

A lo largo de 2017, la DPZ colaboró en la actualización de 1.597 bienes urbanos, lo que supuso para los ayuntamientos implicados un incremento global de sus bases imponibles cercano a los 20 millones de euros.