La Justicia portuguesa comenzó hoy a juzgar si da la razón al ex ministro Paulo Pedroso, que reclama al Estado luso una indemnización de 600.000 euros por permanecer varios meses en prisión preventiva por el caso de pederastia de la Casa Pía.

La prisión del ex ministro, que era mano derecha del entonces líder socialista, Eduardo Ferro Rodríguez, y que luego quedó libre de cargos, supuso graves interferencias en la vida pública lusa.

Tras la primera sesión del juicio, que se celebra a puerta cerrada en un tribunal de Lisboa, Pedroso explicó a los periodistas que presentó esta acción civil contra el Estado "por un imperativo ético".

El único testigo interrogado hoy por el tribunal fue el actual alcalde de Lisboa, Antonio Costa, líder parlamentario socialista en el momento que se produjo la denuncia, en noviembre de 2002, aunque el proceso judicial sólo comenzó en noviembre de 2004.

El ex ministro dijo que ha padecido "un sufrimiento irreparable" y que la Justicia "debe ser responsabilizada por los errores que ha cometido". Este caso conmocionó a la opinión pública lusa por la reiteración de abusos a menores alojados en la institución docente benéfica estatal durante cerca de dos décadas al amparo de la indiferencia y el silencio cómplice de muchos responsables.

El juicio principal sobre este escándalo todavía continúa y no tiene visos de concluir en los próximos meses, a pesar de que ya han pasado más de tres años desde que se abrió el proceso.