La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo junto a Celdrán
La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo junto a Celdrán CARM

Con este convenio se renueva la colaboración que mantienen ambas instituciones para la puesta en funcionamiento del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, con la intención de seguir prestando el mejor servicio en esta materia a las personas que estén en una situación de grave carencia por el impago de créditos hipotecarios y evitar, en la medida de lo posible, procedimientos de desahucio.

Asimismo, a través de este servicio gratuito, dependiente del Ejecutivo regional, se ahondará en la prevención, diagnóstico y capacidad de encontrar alternativas en la resolución del conflicto hipotecaria y de la vivienda.

La Comunidad atenderá a todas las personas afectadas por un procedimiento de ejecución hipotecaria que soliciten asesoramiento e información y las remitirá a este servicio, que realizará las actuaciones oportunas encaminadas a la interlocución para evitar la pérdida de la vivienda.

De esta forma, los Servicios Sociales de los municipios informarán a todas las personas sobre el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda y, una vez comprobado que los solicitantes pueden acceder a la mediación con las entidades de crédito, remitirán toda la documentación al Servicio de Orientación.

También informarán sobre las ayudas sociales que se prestan desde el IMAS para poder acceder a las prestaciones y las bolsas de viviendas de alquiler, tanto las que dispongan las entidades bancarias y las viviendas de promoción pública.

Desde su puesta en marcha en 2013, el Servicio ha atendido a un total de 1.155 personas para informar y realizar labores de mediación con entidades de crédito al objeto de evitar, en la medida de lo posible, procedimientos de desahucio del domicilio de las personas afectadas y sus familias.

El 70 por ciento de las personas atendidas resolvió positivamente su situación, ha señalado la portavoz del Ejecutivo regional, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En 2017, se asistió a 271 personas que se encontraban en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y en casos de impago de alquiler de la vivienda habitual.

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