En concreto, según ha explicado la organización en un comunicado, el permiso de investigación Sierra Loba, de la empresa Apia XXi, ocupa 223

cuadrículas mineras de los municipios de Comillas, Ruiloba, Udías, Cabezón de la Sal y Alfoz de Lloredo; y el de Yuso, de la empresa Atalaya Riotinto Minera SLU, ocupa 47 cuadrículas de los municipios de Reocín, Torrelavega, Santillana del Mar y Suances.

Según Ecologistas, ambos proyectos mineros adolecen de información sobre la localización y el emplazamiento de los sondeos para los que se necesitan construir accesos y, por tanto, no se puede realizar una evaluación de las afecciones al medio de los sondeos si no se describe y valora previamente el territorio sobre el que se van a realizar.

La organización señala que, al "desconocer" los puntos donde se realizarán los sondeos que definen la parte de la investigación "más invasiva", no se ha podido analizar el medio en el que se van a desarrollan para determinar con qué medidas correctoras el impacto que se genere se podría minimizar o despreciar.

En su opinión, no deberían otorgarse los permisos mientras no se conozca el medio en el que se desarrollan y se evalúen las afecciones que se pudieran generar, realizándose la tramitación a través de una Evaluación Ambiental Ordinaria, porque resulta "imposible" evaluar el medio en el que se llevarán a cabo los sondeos, si pueden o no generar impactos y cómo podría realizarse la restauración posterior, "sin conocer el punto de emplazamiento de la actividad".

El permiso Yuso tiene previsto realizar 110 sondeos y 8 más adicionales durante el primer año, la mayoría en torno a los 700 metros de profundidad, y el Sierra Loba no especifica ni el número ni la profundidad, detalla Ecologistas, pero a su juicio, lo que "más llama la atención" es que el Yuso prevé construir durante el segundo año un túnel principal de más de 5 kilómetros con varias galerías secundarias, "algo más propio de un propio de un proyecto minero de explotación y que delata el alto grado de bisoñez y falta de experiencia de la empresa".

La organización explica que el área afectada por los permisos ocupa terrenos con un subsuelo kárstico y con numerosas cavidades internas. Destaca además que la presencia de metales pesados puede generar su arrastre y comunicación con el sistema de acuíferos de la zona Santillana-San Vicente de la Barquera, por lo que se pueden producir afecciones tanto al medio natural como a los recursos de consumo de agua en localidades como Queveda, Santillana, Novales o Comillas.

Para Ecologistas, la antiguedad tanto de la Ley como del Reglamento de Minas no puede ser "una excusa" para que Cantabria "no asuma sus responsabilidades constitucionales y autonómicas" en esta materia y sea "respetuosa" con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medioambiente.

Por estos motivos, Ecologistas ha pedido la desestimación de la admisión definitiva de estos dos nuevos permisos de investigación "por la pobre e insuficiente documentación presentada, porque deben someterse de manera previa a Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria y por la ilegalidad de las modificaciones de la Ley del Suelo de Cantabria".

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