Tal obligación, a juicio de UPN, es "absolutamente desproporcionada e injustificada pues, por un lado, obliga a todas las empresas y autónomos que contratan o desean contratar con las administraciones sin distinguir la zona lingüística de Navarra en la que se encuentran y, por otro lado, se exige en lugares y situaciones donde la necesidad de atención en euskera es inexistente".

En un comunicado, UPN ha señalado que "con esta desmedida exigencia, los grupos que sustentan el Gobierno de Barkos tratan de extender su imposición ideológica nacionalista al ámbito de la contratación obligando a empresas, pymes y autónomos a desarrollar planes de euskera en entornos donde esta lengua no se usa". "Una obligación, además, que va en perjuicio de los objetivos europeos en materia de contratación pública", ha agregado.

UPN ha manifestado que "las pequeñas y medianas empresas de la zona mixta y zona no vascófona son las principales perjudicadas, a cuya limitación de medios se les impone una obligación para afrontar situaciones que en el día a día no se plantean".

Por el contrario, han dicho los regionalistas, "las empresas de mayor tamaño con más medios y facilidades resultan especialmente beneficiadas, así como las empresas del País Vasco que cuentan con mayor ventaja en esta materia".

Para UPN, "la obsesión por imponer el euskera lo extiende a ámbitos insospechados", por lo que han anunciado la presentación de una enmienda al texto "con objeto de eliminar esta injusta y desproporcionada discriminación por razón del conocimiento de euskera".

"La obligación se pretende imponer para todos los contratos celebrados con departamentos del Gobierno, organismos autónomos y ayuntamientos de toda Navarra. El simple hecho de que el ejercicio de la actividad contratada requiera atención al público ya conlleva para cualquier futuro contratante la obligación de formar en euskera a sus trabajadores", han concluido.

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