«Es como si usted va a comprar una televisión y le obligan a adquirir, además, una nevera». El vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Fernando Herrero, utiliza este ejemplo para ilustrar cómo el 55% de los bancos y cajas con sede en la provincia imponen una cláusula «ilegal» a quienes tratan de contratar una hipoteca.

Esto supone que de las 24.519 hipotecas que se han cerrado en Córdoba entre enero y octubre del pasado año, cerca de 13.500 han llevado un seguro incorporado. Al parecer, esta estrategia comercial se ha ido extendiendo en los últimos años por gran parte de las sucursales financieras al mismo ritmo que el sector inmobiliario experimentaba unos incrementos muy considerables.

El truco consiste en que el banco o la caja comunica al cliente que, para contratar la hipoteca, también es necesario suscribir un seguro de hogar o de vida con esa misma entidad bancaria. Por ley sólo es obligatorio un seguro de incendios cuando se firma la hipoteca, y «ni siquiera tiene por qué ser con el mismo banco», según Adicae. Otra de las tácticas para colocar seguros es «decirle al cliente que para conseguir un tipo de interés más ventajoso hay que contratar una póliza».

Nuevas modalidades

Adicae asegura que esta práctica no sólo está cada vez más extendida en el sector financiero cordobés, sino que además los bancos están buscando nuevas fórmulas para aplicarla. «En el último año hemos detectado una nueva modalidad, llamada la prima única, que consiste en cobrar por adelantado 20 ó 25 años del seguro, en función de la duración de la hipoteca», afirma Herrero.

La propia Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) reconoce que «esta práctica es denunciable», pero dice no tener «quejas de consumidores». ¿Por qué no hay quejas? Adicae achaca esta realidad a que «si el usuario no está de acuerdo con las condiciones del banco, éste suele decirle que se marche a la competencia, donde les imponen los mismos requisitos». El estudio de esta asociación también revela que el 46,6% de las entidades financieras analizadas imponen un notario para la realización de estas operaciones.