Según se declara probado en la sentencia, el acusado ejercía funciones de jefe de recepción y administración para la entidad que explotaba el centro deportivo y piscina cubierta, teniendo la misión de la facturación mensual de cuotas de los usuarios, mediante remesas bancarias a través de un programa informático al que tenía acceso él con una clave.

Así, en marzo de 2010, señala la resolución de la Sala, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado creó una sociedad con un nombre similar al de la otra y con el mismo objeto social, en la que él aparecía como administrador único, además de una cuenta bancaria a su nombre.

La sentencia indica que entre junio y agosto de 2010, el procesado realizó las remesas bancarias a través del programa informático "destinándolas a la cuenta aperturada en la mercantil creada por él", de forma que "hizo suyas, a través de la entidad de la que era administrador único, las cuotas ingresadas por él procedentes de los clientes de la empresa para la que trabajaba".

En este sentido, según se declara probado, el acusado se apropió de una cantidad total de 7.108 euros "sin que ninguno de los clientes advirtiera esta circunstancia al haber usado el mismo nombre" para la sociedad que creó. El empleado comenzó a trabajar en la empresa que explotaba el centro en abril de 2009 y en octubre de 2010, tras estos hechos, fue despedido por motivos disciplinarios.

Además, en abril de 2013, el acusado fue citado a declarar como investigado en un juzgado de instrucción y, "a sabiendas de su falsedad", declaró que "todo este entramado había sido ideado por el gerente de la entidad", aportando, además, tres documentos supuestamente firmados por él y por otros testigos pero "sabiendo que no eran verdaderos".

Con esos documento, señala la Sala, pretendía "crear la confusión de que el dinero recibido en su propio beneficio había sido reintegrado al gerente a favor de la empresa, para así evitar las consecuencias legales de sus actos". La sentencia se dicta con la conformidad del acusado, que aceptó los hechos que le achacaban el fiscal y la acusación particular.

Así, se le condena por un delito de apropiación indebida y por otro de falsedad en documento privado, imponiéndole seis meses de prisión por cada uno. Además, se le impone una indemnización a la empresa de 7.000 euros y al que era gerente de 1.000 euros, cantidades que han sido abonadas antes del juicio. Se le concede la suspensión de la pena de cárcel durante dos años.