Así lo han asegurado desde el Ayuntamiento en un comunicado, apuntando que en algunas de las sentencias recibidas el juez señala además "que se deberá abonar los salarios de los que fueron privados los empleados públicos en los casos de suspensión de empleo y sueldo, por lo que el montante superaría el millón de euros".

Según han indicado, la última empleada "que ha visto reconocida en una sentencia la situación vivida con el exregidor" es la secretaria general, encargada de vigilar los procedimientos legales. El juez asegura que en 2009 "vivió un proceso inquisitorial que terminó en maltrato y vejación profesional duradero y continuado a una habilitada nacional por parte del exprimer edil y sus concejales de gobierno", según la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga.

Así, la primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, ha indicado que "no solo nos encontramos ante casos flagrantes de acoso y derribo a trabajadores, a los que Fernández Montes no dejaba hacer su trabajo si con ello no podía seguir adelante con sus tropelías, sino que encima ahora nos vemos obligados a pagar sentencias por cantidades desorbitadas del dinero público de todos los ciudadanos de Torremolinos".

Tocón ha lamentado que "la condena recaiga en el Ayuntamiento de Torremolinos, cuando fueron Fernández Montes y Margarita del Cid los que expulsaron a la secretaria general por hacer su trabajo, algo que evidenciaba que el PP no estaba por la labor de permitir que un funcionario fiscalizase y controlase la labor del equipo de gobierno".

"Un desprecio total a la legalidad y a la transparencia que debe reinar en cualquier administración pública. Hasta el propio juez asegura que le causa sonrojo la actitud del PP", ha manifestado.

La edil ha indicado que desde 2015 el Ayuntamiento ha ido recibiendo "sentencias condenatorias de años anteriores a las que el Consistorio deberá hacer frente a pesar de la delicada situación económica que también nos dejó como triste herencia el anterior alcalde".

Así, ha señalado que desde 2001, el Consistorio "ha recibido una quincena de sentencias condenatorias, prácticamente una por año, por lo que queda más que demostrado que durante el gobierno de Fernández Montes y Margarita del Cid todo se reducía a directrices políticas que terminaron en un grave menoscabo económico, así como una desestructuración profesional del Ayuntamiento, para conseguir que Torremolinos fuese su cortijo".

SENTENCIAS

En este sentido, han indicado que el Ayuntamiento "acumula 12 sentencias tan solo en los últimos diez años referentes a despidos, discriminación sindical o acoso laboral". Así, por fecha de notificación en la Delegación de Asesoría Jurídica, la última recibida fue la referida a la secretaria municipal la pasada semana.

El año anterior, han apuntado en el comunicado, el 26 de octubre de 2016, el Consistorio era condenado a pagar 18.000 euros por daños morales a un trabajador por una merma de sus retribuciones y traslado y cambio de turno. En septiembre de año, un juez condenó al Ayuntamiento al pago de 58.509 euros y a la cantidad de 33.000 euros en concepto de daño moral por la suspensión de empleo y sueldo a un trabajador.

Asimismo, las arcas municipales tuvieron que "hacer frente a la condena de 240.000 euros en abril de 2015 por la actitud agresiva, opresiva y persecutoria del Ayuntamiento cuando reclamaron mejoras materiales del servicio", han señalado desde el Ayuntamiento.

Un año antes, en 2014, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Málaga condenó al Consistorio al pago de 22.900 euros a un empleado público por el trato discriminatorio sufrido desde 1999. También en 2014, se recibió la condena al pago de 21.928 euros, más lo dejado de percibir "por un decreto del alcalde en 2001 en el que se suspendía de empleo y suelo a un trabajador por una supuesta desconsideración a la Alcaldía".

Asimismo, según han indicado en junio 2011, otro juez estimó condenar al Ayuntamiento al pago de 18.000 euros a un trabajador en concepto de daños morales más indemnización por diferencias retributivas dejadas de percibir.

En marzo de ese mismo año, han precisado, un juez condenó al Consistorio al pago de 54.597 por salarios dejados de percibir, 20.040 euros por daños morales y 30.1800 euros a la Seguridad Social. También en 2011 una sentencia daba la razón a la situación vivida por una empleada, delegada sindical.

En 2010 también un juez aceptó parcialmente la demanda de un empleado municipal a percibir otra indemnización por su relación con el Ayuntamiento, esta vez de 39.841 euros. A esa cantidad habría que sumarle otra sentencia en el mismo año el Consistorio fue condenado a pagar a otro trabajador la cantidad de 98.462 euros por daños y perjuicios, han manifestado.

Por otro lado, en 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó el recurso de un trabajador declarando la nulidad de un decreto del entonces alcalde que imponía una sanción de dos años de suspensión de funciones y otra de separación del servicio a dicho empleado.

En 2008, también TSJA impugna un decreto del año 2000 por el que se impuso una sanción de dos años de separación del servicio. Los años 2003, 2002 y 2001 también fueron años en los que se condenó al Consistorio por el trato a sus trabajadores, han apuntado, que con una sentencia por año tuvo que hacer frente a un total de 59.034 euros entre las tres condenas.