Al primero, experto, se le interpelará sobre el informe arqueológico aportado por la parte demandada, la Subdelegación del Gobierno de Almería, y al segundo se le va a pedir que amplíe información sobre el expediente incoado por la Junta de Andalucía para recuperar el Bien de Interés Cultural, con vestigios datados en más de 5.000 años de antigüedad.

En dos autos, consultados por Europa Press, la juez instructora, que ha declarado la causa compleja, admite, además de las propuestas por el Ministerio Fiscal, parte de la prueba solicitada por la acusación particular ejercida por la Asociación de Amigos de La Alcazaba y cita a perito y testigo para el día 17 de abril.

En su escrito, el colectivo conservacionista motivo su petición en, por un lado, las "contradicciones y ambigüedades" del informe arqueológico aportado por Subdelegación, y por otro, en la necesidad de conocer el estado de tramitación del expediente de la Junta andaluza.

El Juzgado de Instrucción 1 también ha ordenado que se libren oficios a la Subdelegación del Gobierno para "conocer de forma detallada los trabajos que se realizan sobre el vuelo y el subsuelo" en la zona en la que se realizaron las obras con "maquinaria pesada" y a la Consejería de Cultura para que remita estudios de divulgación que permitan tener "acceso a más elementos cartográficos y gráficos para tener mayores elementos raciones sobre la existencia de restos arqueológicos que hayan podido resultar dañados".

Entre las últimas actuaciones incorporadas al procedimiento figuran un escrito del Ayuntamiento de Benahadux que señala que la Demarcación Provincial de Carreteras del Estado no solicitó licencia de obra o similar previa a los desmontes en la N-340 y que las dos parcelas sobre las que se hizo movimientos de tierra tiene especial protección por su carácter de yacimiento arqueológico excepto en el extremo oeste y en el sur, donde está considerada monte público.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía ya informó al juzgado instructor que existían "hitos de señalización en el área sobre la que se realizaron los vertidos de tierra" dentro de la zona arqueológica" y remarcaba que le no constaba, una vez consultados los archivos de la Delegación Territorial, ni una "solicitud de autorización" ni "comunicación por escrito para realizar las actuaciones en la zona ni proyecto de actuación en dicho ámbito".

No entraba, sin embargo, a valorar el alcance de "los daños ocasionados" a la zona arqueológica de El Chuche por la realización de obras en la N-340 al haberse detectado deficiencias en el informe que presentó el director de la actividad en la Delegación Territorial, por lo que comunica al juzgado que la aportará una vez que se presente la documentación oportuna subsanada y se realice la "recepción de trabajos" por parte de la Junta. El Juzgado de Instrucción 1 acordó nombrar un perito judicial experto en arqueología para que procediese a realizar un estudio arqueológico "independiente, objetivo e imparcial" sobre los daños.

CUATRO INVESTIGADOS

En el marco del procedimiento hay cuatro investigados cuyas declaraciones se han señalado para los días 16 y 17 de enero. Son un técnico de la Demarcación de Carreteras en Almería, el jefe de Conservación y Explotación de Carreteras de una de las UTE que intervinieron en las obras, y los responsables de mercantiles que ejecutaron los trabajos en esta zona con el fin de "ocultar un vertedero con la tierra obtenida de un desmonte aledaño", tal y como informó en su momento el Gobierno central en una respuesta parlamentaria al PSOE.

Fue la asociación 'Amigos de la Alcazaba' la que puso los hechos, acaecidos el pasado mes de febrero, en conocimiento del Ministerio Público, que resolvió interponer denuncia al considerar que podrían ser constitutivos de un presunto delito contra el patrimonio histórico, denuncia que ha dado lugar a la apertura de la vía penal para depurar posibles responsabilidades.

Según las estimaciones iniciales del colectivo conservacionista, los trabajos supusieron "el desmonte y allanamiento de casi 8.000 metros cuadrados" de terreno, y la "invasión de prácticamente los 1.000 metros cuadrados" en los que se localiza este yacimiento arqueológico prehistórico, ibérico, púnico y romano de El Chuche.

En concreto, los trabajos habrían afectado al menos a una tumba tipo Millares de la Edad del Cobre, excavada entre 1971 y 1972 por los investigadores Ochotorena, Perceval y Francisco García 'Pituco' y cuyos materiales arqueológicos guarda el Museo Arqueológico de Almería, de acuerdo a los datos aportados por 'Amigos de la Alcazaba', que ha anunciado que va a solicitar al juzgado la personación como acusación popular para defender la legalidad y la conservación del patrimonio histórico en la provincia de Almería.

FALTA GRAVE

Por otro lado, la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Cultura, incoó un expediente sancionador al Ministerio de Fomento por una supuesta "falta grave", tipificada en la Ley de Patrimonio Histórico, al no haber solicitado la autorización "obligatoria" para realizar la obra.

El informe realizado por Cultura daba cuenta de que el aporte realizado en la obra viaria pública al terreno "ha ocultado tanto un tramo del antiguo trazado de la carretera como los taludes por ella generados", de modo que en el antiguo talud situado frente a la rotonda actual "se podía observar hasta la fecha los restos de una estructura arqueológica seccionada por la antigua carretera que correspondían a una tumba en fosa".

No obstante, el texto apuntaba que "no es posible establecer si la estructura arqueológica que se veía en el antiguo talud ha sido destruida o sólo ha quedado sepultada bajo el terreno" por lo que "para determinar el grado de afección concreto debería realizarse una excavación arqueológica de la zona".

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