Después de paralizar la convocatoria promovida para cubrir en turno libre 61 plazas de bombero vacantes en su plantilla de funcionarios, "ante la detección de posibles anomalías en el concurso oposición", la Diputación de Sevilla ha revocado y disuelto ya el tribunal constituido para las pruebas, ha anulado la prueba inicial celebrada el pasado 3 de marzo y ha ordenado la conformación de un nuevo tribunal calificador, según informa la institución provincial en un comunicado.

Tras la prueba tipo test celebrada el pasado 3 de marzo en el marco de este concurso oposición, el secretario y el presidente del tribunal designado para la valoración de dichas pruebas, en concreto un habilitado nacional de la Secretaría General y el subjefe de Recursos Humanos de la propia Diputación, elevaron un escrito a la Presidencia de la institución avisando de circunstancias que inducían a pensar en "algún tipo de anomalía".

Y es que aunque el documento de las preguntas del test celebrado el 3 de marzo estaba "custodiado" por estos altos funcionarios o "bajo llave y vigilancia de un agente de seguridad", determinadas circunstancias aconsejaban solicitar "un análisis más pormenorizado de las preguntas y respuestas incluidas en el test" a la empresa especializada colaboradora para la corrección de las mismas.

"COINCIDENCIA ALARMANTE"

Fruto de dicho análisis, del informe de la citada empresa se desprendería que al analizar los test de los primeros opositores con mayor puntuación, "resalta una coincidencia alarmante en un grupo concreto de preguntas, estando probablemente ante un ilícito que supera el administrativo para incidir en el ilícito penal".

Dado el caso, la Diputación expone que este pasado jueves quedó ya disuelto el tribunal constituido para esta oposición y ya este viernes, ha sido firmada una resolución de Presidencia en la que "se ordena la revocación del mismo y la constitución de un nuevo órgano calificador, además de anular el primer ejercicio, tipo test, de la fase de oposición".

La resolución la firma el propio presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ordenando que "en el plazo máximo de 10 días, se constituya un nuevo tribunal para dar continuidad a este procedimiento de selección".

Según ha destacado al respecto el diputado del Área de Empleado Público de la Diputación, Mario Martínez, "debemos ofrecer seguridad en las condiciones de acceso para todas las personas que se han presentado a este proceso selectivo, con el máximo rigor y transparencia, pero siempre sin ningún tipo de demora temporal que retrase la cobertura de las plazas".

Martínez ha incidido en que "por parte de la Secretaría y la Presidencia del tribunal se tomaron siempre y en todo momento todas las precauciones necesarias, pero aún así, ante la sospecha de injerencias y anomalías, vamos a cortar de raíz este asunto desde la propia Diputación, anulando la prueba sobre la que existen estas sospechas".

Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, ha indicado que "en aras de la transparencia y el buen gobierno, se ha mantenido una reunión extraordinaria con los portavoces de los grupos políticos con representación en la Institución, a la que han asistido también el secretario y el presidente del tribunal de la oposición, para informar de los pormenores de este asunto".

QUIENES TENÍAN "EXCESIVO NÚMERO" DE ACIERTOS

Estos funcionarios miembros del tribunal, según la Diputación, han informado sobre las "sospechas de alguna injerencia" al realizar los listados nominativos, una vez realizada la corrección de los test de manera anónima y descubrir "un número excesivo de preguntas acertadas para la media en estos casos, por parte de un grupo de opositores" que identificaron en la realización de las citadas listas nominativas con los funcionarios interinos hasta ahora en esas plazas.

Recuerda la Diputación al respecto, que estos altos funcionarios "solicitaron, en cualquier caso y antes de informar a la Presidencia, un estudio más exhaustivo y pormenorizado a la empresa externa que ha colaborado en la corrección y análisis de los datos, empresa que, de manera independiente, corroboró las anomalías".

Ante esta circunstancia, rememora la institución que el secretario y el presidente del tribunal decidieron "realizar un informe con traslado a la Presidencia de la Institución, solicitando anular el test realizado, poner en conocimiento de los servicios jurídicos de la Diputación y de la Fiscalía los hechos, y la revocar el tribunal competente hasta ahora para este proceso selectivo".

Mario Martínez ha concluido diciendo que "desde la Diputación no vamos a permitir la más mínima anomalía en un proceso de selección en el que deben regir los principios de igualdad, capacidad y mérito para todos los aspirantes al mismo, y por ello estamos actuando para cortar de raíz cualquier posible injerencia, en aras de la transparencia y la seguridad en la defensa de los derechos de las personas interesadas en esta convocatoria".