Así lo han señalado estas tres organizaciones, que prestan servicios a personas mayores y personas con discapacidad y agrupan 80 centros, 5.200 usuarios y 2.300 trabajadores, a raíz de la polémica surgida entre algunas organizaciones del sector de la dependencia y el Gobierno de Cantabria por la financiación de los servicios y por la nueva normativa de acreditación y de autorización de centros.

Hace varios días CERMI (Comité de Entidades representantes de personas con discapacidad), junto a Amica, AMPROS, ASCASAM, ASPACE, Fernando Arce y la Fundación Síndrome de DOWN, denunció la "grave situación" que atraviesan desde hace seis años, en los que calculan que los sucesivos Gobiernos regionales han dejado de abonar a estas entidades 4,3 millones de euros por los "recortes" de 2012 y la no actualización de precios desde entonces.

A continuación, el Gobierno regional (PRC-PSOE) desmintió dicha

denuncia y reivindicó el esfuerzo de diálogo y de más financiación del Ejecutivo actual.

Este mismo jueves, la vicepresidenta regional y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, cuestionada por dicha polémica, garantizó que la nueva normativa de acreditación de centros que se espera cerrar "en breves días" supondría un incremento del precio que paga el Ejecutivo por plaza pública en los centros de dependencia, aunque sin concretar cuantías.

Y después de esto, PAD, FED y LARES se han sumado a ella y han pedido al Ejecutivo que cumpla sus compromisos.

Estas tres entidades se han quejado de que el número de trabajadores de los centros se encuentra en los niveles de 2012 (cuando gobernaba el PP en Cantabria), momento en el que, según relatan, "debido a la crisis económica, se produjo una bajada de más del 11 por ciento en los precios de las plazas concertadas".

Estas tres entidades han señalado que dicho recorte económico "ponía en serio peligro" la sostenibilidad de los centros por lo que, desde el Gobierno, se procedió a disminuir la exigencia legal del número de trabajadores.

Sin embargo, han señalado que estas medidas se acordaron como "algo excepcional" por las crisis y han lamentado que, pese a ello, se hayan consolidado hasta hoy.

Según su versión, desde el comienzo de la presente legislatura -en la que gobierna Cantabria el bipartito PRC-PSOE- el sector ha reivindicado la necesidad de aumentar el personal y llegar, "como mínimo", a los parámetros anteriores a los recortes y a la crisis.

Han relatado que en diciembre de 2017 la Consejería de Política Social, que dirige Díaz Tezanos, les comunicó que los precios de las plazas concertadas podían aumentarse "en más de un 8%", aunque -dicen FED, PAD y LARES- se "subordinaba" la subida a que las entidades del sector dieran su conformidad a la nueva normativa de acreditación de centros.

Estas tres entidades han señalado que dicho proyecto normativo ha generado "reiteradas discrepancias" entre el sector y el Gobierno de Cantabria.

De hecho, FED, PAD y LARES han criticado dicho proyecto normativo por, a su juicio, "carecer de criterios técnicos, generar inseguridad jurídica y no resolver problemas endémicos como, por ejemplo, la coordinación sanitaria".

Y han relatado que, al mantener el sector su postura, en el pasado enero la Consejería les informó de que no se realizaría el aumento del número de trabajadores en los centros, ni se modificaría la normativa y que sólo se procedería a una subida de precios del 3% para actualizar el IPC de los últimos años.

Tras estos, las organizaciones del sector consideran que si existe presupuesto para realizar una subida de precios superior al 3%, la diferencia debe aplicarse a mejorar los cuidados de las personas dependientes, que -insisten- han visto afectada la atención que se les presta y han sufrido los recortes de ratios de personal en los últimos 5 años.

"Ante la situación actual, en la que el Gobierno no ha cumplido todavía con su compromiso de incrementar en un 3% los precios y la última negativa a aumentar los ratios de trabajadores, las organizaciones del sector vuelven a demandar al Gobierno de Cantabria, que cumpla el compromiso de Díaz Tezanos, destinando de manera inmediata y efectiva las partidas disponibles a la subida de precios de las plazas concertadas", han reclamado.

Según apuntas estas entidades, ello supondría el aumento del número de trabajadores que atienden a los ciudadanos en los servicios de atención a la dependencia.

Según señalan, este incremento, además de mejorar la calidad del servicio prestado a las personas dependientes, supondría la creación "de manera inmediata de más de 200 nuevos puestos de trabajo en Cantabria y atenuaría la sobrecarga de tareas del personal de los centros".

Además, han solicitado al Gobierno de Cantabria que promueva de forma efectiva a que se cumplan los actuales estándares de atención y ratio de trabajadores a todas y cada una de las entidades que reciben financiación pública, alguna de las cuales -dice- "después de 8 años no han certificado los niveles de calidad y trabajadores que se exigen en Cantabria desde 2010".

Estas desigualdades han provocado, a su juicio, "un claro perjuicio" a la mayor parte del sector que optó por colaborar en la mejora de la Atención a las personas que reciben algún apoyo de la Ley de la Dependencia.

El sector ha señalado su "disposición honesta y real" a colaborar con el Gobierno para abordar los problemas existentes y seguir progresando de manera eficaz y coordinada en beneficio de los ciudadanos de Cantabria.

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