El Gobierno de Cantabria ha garantizado que habrá un incremento del precio que paga por las plazas concertadas en los centros de atención a personas dependientes, aunque sin concretar cuantía, así como la actualización al IPC y espera tener cerrada "en breves días" la nueva normativa de acreditación y de autorización de centros de atención a las personas dependientes.

Así lo ha afirmado este jueves la vicepresidenta regional y consejera con competencias en Política Social, Eva Díaz Tezanos, al ser cuestionada por las quejas de CERMI, que engloba a diversos colectivos que atienden a personas con discapacidad y que ha denunciado 4,3 millones de pérdidas desde 2012 en el tercer sector por los recortes y la no actualización de precios.

Desde el CERMI se reclama un presupuesto adicional de 3,5 millones para financiar las 1.000 plazas concertadas para personas con discapacidad.

Tras estas quejas de CERMI, Díaz Tezanos ha señalado que fueron los "recortes" aplicados por el PP en la pasada legislatura los que pusieron al sector en una "posición complicada".

En este sentido, ha apuntado que en la pasada legislatura (2011-2015) se "rebajaron" los precios y el número de plazas y no se actualizaron los precios de las concertadas, una actualización al IPC que, según ha dicho, ya se está "tramitando" y está prevista en los Presupuestos de la comunidad autónoma de 2018.

Díaz Tezanos ha señalado que la aprobación de la nueva normativa supondrá también un incremento del precio que paga por plaza concertada, pero sin concretarlo, ya que, según ha dicho, depende de "muchísimas variables" y del tipo de centros.

Sin embargo, sí ha cuantificado en 700.000 euros el coste que supondrá al Gobierno la actualización de precios al IPC.

Díaz Tezanos ha reivindicado el proceso de diálogo abierto hace dos años por el Gobierno PRC-PSOE sobre la nueva normativa de acreditación y autorización de los centros y ha señalado que este proceso está ya "prácticamente cerrado".

Ha asegurado que el objetivo del Ejecutivo es "regularizar la situación" de los centros de personas dependientes.

Y en cuanto a la aportación adicional que reclama el CERMI, Díaz Tezanos ha señalado que la "mayor inversión" que se hace en la Ley de Dependencia está a cargo del Gobierno de Cantabria, que sufraga, según ha dicho, más del 80 por ciento, debido a que el Ejecutivo central (PP) "incumple" lo que establece dicha ley de que se costee al 50 por ciento entre comunidades y Estado.

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