Se trata del contrato del Servicio de Asistencia para el Montaje de espectáculos y de Actividades para la FMC que, con una duración de dos años, recibió alegaciones por parte de dos de las empresas no adjudicatarias, que en su momento ya destacaron la existencia de anomalías, según han informado fuentes de Sí Se Puede en un comunicado recogido por Europa Press.

El informe elaborado por la concejal de Sí se Puede Gloria Reguero, ya presentado en la Comisión de Cultura del pasado 27 de febrero, recoge precisamente "muchas de las alegaciones presentadas por las empresas que no resultaron adjudicatarias y que ya en su momento advirtieron de la falta de documentación en el momento de apertura de plicas y los bailes de fechas; de bajas temerarias", entre otros aspectos.

"Desde que en 2015 entramos en las instituciones, uno de nuestros propósitos principales, uno de los objetivos de Sí Se Puede Valladolid, ha sido llevar la ética y la transparencia a las contrataciones, acabando con los clientelismos afianzados durante décadas y primando las cláusulas sociales y el juego limpio", ha reflexionado Reguero.

Así, ha defendido que, desde entonces, invitan a "levantar las alfombras". Por ello, ha destacado entre las incidencias del procedimiento la impugnación de una de las la adjudicaciones ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.

Sí Se Puede ha recordado también que en el Comité Ejecutivo de la Fundación Municipal de Cultura del 22 de enero "ya se acordó solicitar informe jurídico de Secretaría para disipar las dudas existentes en torno a la adjudicación y en la respuesta se aclara inicialmente que estos informes han de ser previos y no posteriores a la tramitación de expedientes, razón por la que se ha presentado en la Comisión Especial de Vigilancia y Control de la Contratación".

"Esperamos que la Comisión demuestre diligencia y compromiso y que nuestro trabajo revierta en una mejora de los sistemas de contratación del Ayuntamiento de Valladolid", ha concluido Gloria Reguero.

Los grupos municipales que forman parte de la Comisión tendrán ahora un plazo de un mes para estudiar el amplio expediente del contrato y expondrán sus planteamientos en la siguiente sesión que se celebraría en el mes de abril.