El Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla), gobernado por la socialista Carolina Casanova, celebra este miércoles un pleno extraordinario para debatir una moción que insta a la Junta de Andalucía a comprar las 58 viviendas protegidas promovidas por la extinta sociedad municipal Prosuvisa, en proceso de liquidación desde 2015 después de caer en concurso de acreedores.

Se trata de dos promociones de viviendas protegidas en régimen de alquiler ubicadas en las calles Natalio Muñoz y Mercedes Ortega Farfán, que suman 58 inmuebles entre ambas.

Para la construcción de tales viviendas protegidas, según rememoraba a Europa Press el exalcalde de Santiponce José López (IU) a finales de noviembre, la sociedad municipal Prosuvisa suscribió un préstamo de unos 1,5 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), al objeto de ir amortizando paulatinamente dicha deuda, en parte con los alquileres aportados por los inquilinos.

Pero allá por 2013, las dificultades económicas de Prosuvisa motivaron un concurso de acreedores declarado como "fortuito" en 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, toda vez que también ese año fue aprobado el plan de liquidación de la citada sociedad municipal, al objeto de sufragar en todo lo posible las deudas arrastradas por la misma.

La situación, según el exalcalde, es que Prosuvisa aún tendría unos 800.000 euros pendientes de pago por el préstamo con el ICO, toda vez las rentas de alquiler pendientes de pago por parte de los inquilinos con la ya extinta sociedad municipal oscilarían los 350.000 euros por aquel mes de noviembre.

El destino de tales viviendas suscitó una alarma precisamente aquel mes, al convocar unos abogados a los inquilinos de estas 58 VPO, bajo la premisa de que en el marco de la liquidación de Prosuvisa, un "fondo buitre" podría hacerse con la propiedad de las viviendas protegidas que habitan en régimen de alquiler.

En este contexto, el pleno extraordinario fijado para este miércoles por el Ayuntamiento de Santiponce a instancias de cuatro de sus ediles está destinado a debatir una propuesta que insta a la Junta a comprar estas viviendas, para que conserven su "fin social".