Miguel Laparra y Ana Ollo.
Miguel Laparra y Ana Ollo. EUROPA PRESS

Se trata del 47% del empleo total apoyado a través de estos programas de fomento de la contratación y la lucha contra la exclusión social (2.996 en total). En concreto, ha señalado el Ejecutivo, en el ámbito del Empleo Social Protegido, el departamento ha elevado al 52% el peso de los contratos a mujeres, "corrigiendo la desigualdad del año pasado, cuando suponían el 45% del total". Respecto al SNE, las mujeres han obtenido el 45% de los contratos fomentados con fondos públicos. La mayor parte de las medidas de apoyo se han puesto en marcha en 2016 y 2017.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, han comparecido en rueda de prensa para mostrar algunas de las políticas de acción positiva desarrolladas en 2017 para favorecer la inserción sociolaboral de las mujeres. Ambos han subrayado los avances respecto a 2016, imputables a un mayor presupuesto, de 14,38 millones, un 24% más que en 2016.

Una disponibilidad, han dicho, que ha permitido poner en marcha nuevas medidas de apoyo a la creación de empleo y llegar a más personas, "respondiendo también a una mayor sensibilidad social y política en torno a la igualdad de género y a la atención de colectivos con más dificultades de acceso al empleo".

No obstante, han subrayado que las políticas de apoyo a la mujer deberán reforzarse en 2018. Laparra ha recordado que el 57% de las personas desempleadas de Navarra son mujeres, que también se ven afectadas por otros elementos de desigualdad: brecha salarial, segregación horizontal (en ciertos sectores) y vertical (políticas de ascensos), etc.

IMPACTO EN EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO

En concreto, en Empleo Social Protegido, ha expuesto el vicepresidente, durante 2017 se ha corregido la desigualdad en el acceso a los contratos que realizan las entidades sociales y locales. En 2016 las mujeres accedieron a un 45,6% de los contratos, una diferencia de diez puntos respecto a los hombres (54,4%), con datos similares en 2015.

Por este motivo, en la nueva convocatoria se exigió a las entidades la paridad, al menos un 50% de las contrataciones. "El objetivo incluso se ha superado y se ha alcanzado un 52% de contratos a mujeres (441), de 845 realizados", ha indicado.

A este programa que favorece la contratación de personas en situación de exclusión, el Gobierno destinó 6.528.874 euros, un 133% más que en 2015 (2,8 millones y 551 contrataciones) y un 2,54% si se compara con 2016 (878 contrataciones, pero de contratos más cortos).

De las 845 de 2017, el 90% eran personas perceptoras de Renta Garantizada. Un 60%, desempleados de larga duración. Cerca del 80% tenía estudios primarios. Laparra ha recordado la importancia de la Renta Garantizada para la protección de familias monomarentales. El 35,26% de los hogares (3.082 casos) del total están soportados por una mujer sola, un crecimiento de un 13,52% respecto a 2016.

PARA ENTIDADES LOCALES

Por otro lado, Laparra ha señalado que en el SNE, durante los años 2016 y 2017 se han puesto en nuevas marcha ayudas al fomento de la contratación en empresas y se han reformulado las ayudas al fomento del empleo en entidades locales y a través del trabajo autónomo. La intensidad de la ayuda por contratar a mujeres oscila entre el 5% y más del doble, dependiendo de las entidades contratantes, la duración del contrato y el colectivo.

Las medidas de acción positiva en las líneas de fomento del empleo han incidido en la contratación de 975 mujeres, el 45% de las 2.151 realizadas en estas líneas de subvención, a las que destinó 7.850.438 euros, un 50% más que en 2016, con 1.265 empleos apoyados. El impacto ha sido del 31% en las contrataciones de entidades locales; de casi el 70% en trabajo autónomo; y del 31% en el sector empresarial.

Para "avanzar hacia la igualdad", la nueva convocatoria de fomento del empleo en entidades locales que se publica el 22 de marzo en el BON incentivará la contratación de mujeres a través de dos vías: por un lado, la ayuda por contratarlas pasará 900 a 1.000 euros mensuales para los contratos de hasta seis meses, y ascenderá a 1.100 si es víctima de violencia de género, tiene discapacidad o es perceptora de renta garantizada y el contrato es de hasta 12 meses. Para hombres que no sean parados de larga duración, la ayuda es 600 euros mensuales para contratos de 6 meses y de 400 si es de menos de 6 meses.

En 2017, las medidas de acción positiva para contratos en entidades locales también permitieron incrementar las contrataciones a mujeres en un 26%, de las 220 a las 277. Sobre el total de contratos (894), representaron el 31%, frente al 25,4% de 2016 y el 24% de 2015, ha dicho.

Laparra ha destacado la instrucción del SNE para incrementar la orientación a mujeres y ha recordado que en 2017 el SNE implantó un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género, que recoge todos los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de atender a una persona que ha sufrido episodios de este tipo.

El año pasado, estaban registradas 503 demandantes en esta situación, un 17% más que en 2016. Hace diez años no llegaban al centenar. De este medio millar de personas, cerca del 70% residen en Pamplona y Comarca y un 16,5% en Tudela y la Ribera. Se hicieron en toda la Comunidad foral 811 contratos. Del total de mujeres, 154 cobran la prestación RAI, ayuda extraordinaria de 430 euros mensuales que pueden solicitar las víctimas de violencia de género y doméstica. También existe una vía rápida de acceso a la Renta Garantizada.

Para 2018, el presupuesto en empleo social protegido es 6.700.000 euros, que, con los 8,3 del SNE para fomento y trabajo autónomo, suman 15 millones, ha precisado.

LEY DE IGUALDAD

Por su parte, Ollo se ha referido al proyecto de ley foral de Igualdad, que "incide en las numerosas brechas que todavía separan a las mujeres de los hombres". "La realidad que cotidianamente vivimos mujeres y hombres sigue reflejando una realidad incuestionable en la que la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres está lejos de haberse logrado", ha añadido.

La consejera ha concretado que entre las diferentes brechas "es el ámbito del trabajo y la sostenibilidad de la vida donde más claramente se manifiestan las desigualdades y repercuten directamente en las condiciones de vida de las mujeres ahora y cuando se retiren de la etapa activa".

La consejera se ha referido al diagnóstico que hablaba "de brechas en el desempleo e incorporación al mercado laboral; edad y nacionalidad; segregación por sectores, tipo de ocupación y menor emprendimiento femenino; temporalidad, jornada y salario; reparto desigual de las cargas domésticas y del cuidado; salud". Sobre la salarial ha dicho que "es el indicador más sobresaliente de las brechas de género en el mercado laboral, por su valor en sí mismo (un 29,6%) y por ser el valor más alto en el conjunto del Estado".

Ollo ha explicado que este proyecto de ley, que esperan aprobar este año, se basa en "el impulso del empoderamiento y la participación de las mujeres para conseguir una ciudadanía activa, todo ello en un territorio diseñado de forma sostenible". Ha hablado de "transversalidad; empoderamiento de las mujeres y su participación en todos los ámbitos y por último, incidir en el cambio de modelo social que ponga en valor los aspectos necesarios para la sostenibilidad de la vida".

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