El alcalde, Javier Márquez (PP), ha indicado que el Ayuntamiento es parte afectada y el hecho de que no se le haya emplazado le deja en una situación de indefensión, de ahí que lo que se pretenda es declarar nula la sentencia y que se retrotraigan las actuaciones judiciales hasta el mismo momento en que se deba emplazar al Consistorio.

El alcalde también se ha dirigido a la Junta de Andalucía a la que ha instado abiertamente a que recurra la sentencia ante el Tribunal Supremo porque ello permitiría ganar tiempo y dar aire a proyectos como

la construcción del centro comercial Jaén Plaza que conllevan una inversión de 85 millones de euros y la creación de mil puestos de trabajo.

Márquez ha reconocido sentirse "bastante impotente" con la sentencia del TSJA y ha indicado que, al igual que ocurrió en Marbella, los efectos de la anulación del PGOU pueden ser "devastadores". Ha insistido en que el PGOU de Jaén está "correctamente tramitado" según la normativa andaluza vigente, aunque lo que dice la sentencia es que no ha cumplido con los requisitos exigidos en una directiva comunitaria de 2001 que se trasladó a normativa estatal en 2006.

"La obligación de la Junta de Andalucía es adaptarse a la normativa europea, les guste o no les guste", ha dicho Márquez, al tiempo que ha añadido que ir a la aprobación de un nuevo PGOU podría suponer esperar al mandato 2023-2027 para su aprobación, lo que conllevaría "consecuencias muy graves" para la ciudad.

Por eso, ha insistido a la Junta de Andalucía para que "se ponga las pilas" y recurra la sentencia, al tiempo que le ha pedido lealtad institucional y "colaboración real" ya que la sentencia está notificada al Gobierno andaluz con fecha 31 de enero, pero no fue hasta el 27 de febrero cuando llegó la información al Consistorio jiennense a través de un periodista.

"El Ayuntamiento de Jaén tiene claro que va a dar la cara", ha dicho Márquez y ha aludido a proyectos que de hacerse firme la sentencia por no haber recurso de la Junta podrían estancarse como es el caso, además del Jaén Plaza, del APA-3, o la regularización de las zonas residenciales de los Puentes. Eso sin contar con varias empresas extranjeras que, según Márquez, tenían previsto instalarse en la ciudad y que han dado marcha atrás ante "la inseguridad jurídica con la que nos enfrentamos".

En el caso del Jaén Plaza, ha indicado que Alvores como grupo promotor entiende lo mismo que el gobierno local (PP) y que no es otra cosa que la Junta de Andalucía tiene que recurrir para evitar que la sentencia se convierta en firme y poder seguir funcionando con el nuevo PGOU.

Márquez ha recordado que Alvores tiene licencia para desarrollar los trabajos de urbanización y ha pedido a la Junta que le conceda de una vez por todas la autorización medioambiental y el informe preceptivo de Comercio para que el proyecto siga avanzando y desde el Ayuntamiento se puedan tramitar las licencias para la instalación de las diferentes naves.

En todo caso, ha apuntado que si Alvores no puede seguir adelante con su proyecto, será la Junta, al igual que ocurrió con el Nevada de Granada, la que tendrá que indemnizar a este grupo empresarial.

Por último, Márquez ha señalado que, siempre desde el respeto a la sentencia del TSJA, este pronunciamiento puede "lastrar muchas ciudades en España, incluso generaciones" ya que el daño que se ocasiona con la anulación del PGOU es "más grande que la ortodoxia que se pretende defender", en alusión al cumplimiento de una directiva europea.

Según información facilitada por el propio alcalde, la Junta de Andalucía tiene de plazo hasta el 14 de este mes para anunciar la presentación de su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, Márquez confía que el TSJA reconozca que no emplazó en tiempo y forma al Ayuntamiento como afectado y se declaren nulas las actuaciones.

No obstante sobre el PGOU de Jaén hay otros tres recursos más en sede judicial. Algunos de estos recursos vuelven a poner de manifiesto que el PGOU de Jaén se aprobó en 2014 sin tener la Evaluación Ambiental Estratégica, un trámite exigido por una directiva comunitaria de 2001 y recogida en una normativa estatal de 2006, pero que la legislación andaluza no recoge todavía.