En un comunicado, tras hacer entrega de la carta en la sede del PP de Alicante, la coalición ha señalado que la institución alicantina "comienza a parecerse al Consell de Francisco Camps, tras la detención del diputado de Bienestar, Miguel Zaragoza, y las investigaciones sobre vicepresidentes como Eduardo Dolón y Bernabé Cano".

Según ha sostenido Compromís, las facturas suponen el cinco por ciento del presupuesto de Calp de los dos últimos ejercicios y corresponden "al pago por la vía de enriquecimiento injusto" de servicios básicos como ambulancia, teléfono, recogida de basura, autobuses o biomasa para la piscina.

"Solo en 2016, acumulan 1.479 reparos de intervención por un importe total de 1.941.917 euros; y en 2017, 1.477 reparos para el pago de facturas por importe de 2.040.237 euros", han precisado.

Compromís ha subrayado que el objeto de esta acción es poner en evidencia "la incoherencia del PPCV y su estrategia jurídica contra el Consell, al que se intenta manchar con presuntas sombras de corrupción". "El discurso de renovación que gasta el Partido Popular, así como su nueva vocación por denunciar lo que ellos consideran irregularidades, no tiene otro objeto que el de decir que todos somos igual de corruptos", ha dicho el portavoz provincial, Gerard Fullana.

Por ello, ha considerado que si el PP "pretende combatir la corrupción seguramente deba saber la señora Ortiz que en la Diputación de Alicante tiene mucho trabajo y podrá encontrar altos cargos que han cometido actos que en Valencia ellos consideran como corrupción".

Con todo, desde Compromís se ha remarcado que no se observa "ningún indicio" de delito y han apuntado que "como ocurre en el Consell, son pagos que se producen en las administraciones, entre muchas circunstancias, por imposibilidad de sacar un expediente ordinario para determinados servicios o por la extinción de contratos que no han sido posibles licitar en tiempo y forma".