La huelga en la justicia gallega sumará este martes las 15 jornadas efectivas desde su arranque el 7 de febrero con el colapso de juzgados y registros civiles en aumento, y la petición sobre la mesa de que la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez, vuelva a ejercer como mediadora.

De hecho, el comité de huelga de los funcionarios de la administración de justicia, integrado por SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO, ha solicitado este mismo lunes que las negociaciones se vuelvan a trasladar al Consello y que sea su presidenta quien retome la negociación entre sindicatos y negociación.

Los sindicatos recuerdan que esta vía fue aceptada inicialmente por todas las partes hasta que fue abandonada de manera unilateral por la Administración el pasado 19 de febrero, a pesar de ser la única con la que "se habían conseguido ciertos avances" a un conflicto "provocado por la discriminación laboral" de los empleados públicos de justicia en Galicia con respecto a los del resto del Estado.

Los sindicatos han registrado la solicitud este mismo lunes y han insistido en su "buena fe" en la negociación. Consideran que, en estos momentos, el acercamiento "solo puede dar pasos adelante si se determinan claramente, con transparencia y publicidad, qué posturas son inasumibles" por parte de la administración y por parte del comité.

Entre otras acciones reivindicativas, los sindicatos también han registrado peticiones de cese del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y del director xeral de Función Pública, José María Barreiro.

SEGUIMIENTO "MUY ALTO"

En el arranque de la tercera semana de huelga, el comité mantiene que el seguimiento es "muy alto", por encima del 80 por ciento en la comunidad, aunque haya leves descensos con relación a los porcentajes de los primeros días, mientras que la Xunta lo ha rebajado al 37,30%.

La Xunta ha concretado que fueron a la huelga 1.007 personas de un total de 2.700. Por provincias, el seguimiento de la huelga en A Coruña fue del 36,05%; en Lugo, del 33,10%; en Ourense, del 41,24%; y en Pontevedra, del 43%.

En el cálculo de estos datos, la Administración tiene en cuenta que 142 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada (vacaciones, asuntos particulares o días libres) y 775 cumplieron servicios mínimos.

En 14 jornadas de huelga se han suspendido, según cálculos sindicales, más de 7.000 juicios y se han pospuesto unos 20.000 trámites. El impacto económico para los trabajadores que secundan la huelga está entre los 60 y los 90 euros por día de descuento, en función del cuerpo (auxilio, tramitadores y gestores).

PROPUESTAS

Con las negociaciones rotas y la exigencia de los sindicatos de un nuevo interlocutor, las posturas de las partes parecen cada día más lejos. Y es que la Xunta no parece dispuesta a ceder a sus pretensiones y afirma que su última propuesta sigue sobre la mesa.

En ella, Rueda ha defendido que se accede "a lo que querían los sindicatos" en las demandas relativas a consolidación de empleo, amortización de plazas y sustitución de compañeros de rango superior.

En cuanto a las bajas por incapacidad temporal (IT) y la discriminación que denuncia el comité de huelga por los descuentos, se compromete a trasladar las condiciones "más ventajosas" que se acuerden en Madrid, para trabajadores de justicia y "el resto de empleados públicos gallegos".

Sobre la oferta económica, que parece inamovible, se traduce en una subida del complemento autonómico transitorio de entre 816 y 1.080 euros al año (en función del cuerpo -auxilios, tramitadores o gestores-) en dos anualidades (2019 y 2020). La Xunta defiende que este incremento situaría a los funcionarios gallegos "por encima de la media" del conjunto de comunidades.

Enfrente, los sindicatos discrepan de que haya acuerdo en los puntos que señala la Xunta, a la que acusan de "manipular tablas y nóminas", y reivindican una subida lineal de 225 euros al mes a aplicar en tres anualidades desde este año 2018 y para todos los cuerpos. La Xunta sostiene que, la subida de "2.700 euros al año" por trabajador que supondría es "inasumible" para las arcas públicas.