La iniciativa, promovida por el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, exparlamentario de Ciudadanos, ha contado con el apoyo de Podemos, PRC y PSOE, y la abstención del Cs y PP. El portavoz de Cs, Rubén Gómez, considera que habría que esperar a la reunión del próximo 2 de marzo con el Ministerio.
Por su parte, el portavoz del PP y alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, ha señalado que los dos primeros puntos de la moción son contradictorios y que el Ministerio no puede reiniciar una obra que está "sub iudice".
"Eso se llama caciquear y no se puede hacer, otra cosa es que el Ministerio negocie", ha dicho Igual, quien ha defendido que se están manteniendo reuniones y se ha encargado a CEDEX un estudio sobre la viabilidad de la obra.
La UTE subcontratista, constituida por Acciona Infraestructuras y Ascan, interpuso una demanda en mayo de 2017 contra Tragsa, solicitando la resolución del contrato o la modificación del mismo en una cantidad económica que supera el presupuesto inicial de la obra, que fue de 10,4 millones.
MÁS DE 9 MILLONES POR LUCRO CESANTE
Según Igual, la UTE solicita una indemnización por lucro cesante de más de nueve millones de euros, mientras que Tragsa, a la que el
Ministerio de Medio Ambiente adjudicó la obra, ha realizado una demanda de reconvención, y ha solicitado en el mismo juzgado de primera instancia de Madrid la resolución del contrato y la correspondiente indemnización.
Ordóñez ha censurado que la UTE subcontratista pida ese aumento en un contrato que "lleva más de 200 millones de sobrecoste" y ha confiado en que este asunto se resuelva de la forma más rápida y con el menor coste posible para la administración pública, que "se dedica
a pagar sobrecostes a diestro y siniestro".
Carrancio ha dicho que la actuación del Ministerio "no está siendo ejemplar" y que ha mantenido un "silencio absoluto durante más de un año", reproche en el que han incidido los grupos que sostienen al Gobierno.
Por el PSOE, Silvia Abascal ha censurado la "callada por respuesta" del Ministerio durante más de un año, hasta la carta "in
extremis" que envió el lunes pasado cuando la paralización de las obras del subfluvial llegó al Parlamento. Ha añadido que la posición de un gobierno responsable "debería ser la mediación" porque esperar a que los tribunales resuelvan el pleito puede dilatar la finalización de las obras durante años.
En la misma línea, el portavoz de Medio Ambiente del PRC, José Miguel Fernández Viadero, ha criticado la falta de respuesta del
Ministerio y ha dicho que faltan por ejecutar 1.200 metros del túnel del subfluvial, con lo que aún poniendo en marcha de nuevo la obra pronto, habrá que esperar tiempo hasta su finalización.
AYUDAS A LOS PESCADORES
Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción del PP que insta al Gobierno a revisar los criterios de reparto de las ayudas a la modernización de la flota pesquera para evitar distorsiones; a constituir una mesa de trabajo con los representantes del sector pesquero para consensuar los criterios de valoración y reforzar los cauces de diálogo con el sector.
Todos los grupos han apoyado la iniciativa pese a que PSOE y PRC
la consideran "oportunista" porque insta al Gobierno a "algo que ya está haciendo" y pese a que los criterios de reparto los fija la Unión Europea.
El PP ha dicho que se trata de "reforzar" con un acuerdo parlamentario el compromiso del consejero del ramo, Jesús Oria. Y Podemos ha añadido que si ya hay una negociación con las cofradías de pescadores "no pasa nada por que el Parlamento refuerce esa negociación".
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