Esto ha sido posible después de que la semana pasada se publicara la orden que regula cuánto dinero recibirá cada dependiente (en 2007 sólo podían los de máximo grado y nivel) para poder sufragar los gastos que supone la contratación de un apoyo o cuidador, cuando no pueden acceder a uno del sistema público.

Pese a este avance, la Junta insistió ayer que Castilla y León cuenta con «una potente red de servicios sociales» y las necesidades de las personas dependientes «estaban siendo bien cubiertas».

Hasta ahora, y como obliga la Ley de Dependencia, se ha evaluado a más de 16.000 personas, de las que 3.452 ya han recibido resolución. Excepto 644, todas están a la espera de volver a pasar por los servicios sociales.