Los grupos municipales de la oposición PSOE, IU y Costa del Sol Sí Puede (CSSP), la marca local de Podemos, han votado en contra.El documento pasa ahora a la fase de exposición pública y presentación de alegaciones.

Su objetivo, ha señalado el portavoz del grupo municipal del PP, Félix Romero, es que el auditorio pueda ser utilizado, previa autorización, por cualquier ciudadano o entidad pública o privada para la celebración de eventos musicales, recreativos, gastronómicos, de ocio o del fomento del turismo.

Para utilizar el recinto una vez que el reglamento entre en vigor, se tendrán en cuenta criterios como la disponibilidad del auditorio, el interés cultural de la actividad, los parámetros artísticos y de calidad o la trayectoria de la entidad organizadora, ha señalado Romero.

"El documento permitirá generalizar la utilización de un espacio único de nuestra ciudad que, en estos momentos, está siendo infrautilizado. La iniciativa busca convertir el recinto en un agente más para la desestacionalización turística del municipio", ha agregado.

El portavoz del grupo municipal el PSOE, Javier Porcuna, ha asegurado que el documento pretende regular una zona de instalaciones, como gradas, barras o tribunas, que, ha señalado, no son propiedad del Ayuntamiento sino a la empresa que organiza Starlite. "¿Hay algún tipo de acuerdo con el Ayuntamiento para, a cambio de no cobrar el canon a la empresa, utilizar esas instalaciones?", ha preguntado.

El reglamento contempla, según el portavoz socialista, que el Ayuntamiento asuma el coste del agua y la luz salvo que exista un acuerdo en contra. "Tendría que ser al revés. El agua y la luz las paga el promotor, salvo acuerdo en contra en caso de ser una actividad sin ánimo de lucro", ha apuntado.

El concejal de IU Miguel Díaz ha señalado que, con este reglamento, el equipo de gobierno "pretende encajar un evento como el de Starlite, cuya empresa está vendiendo las entradas sin tener garantizado que los conciertos se celebren en la cantera". "Ni el Ayuntamiento tiene la concesión de uso de la cantera ni ha realizado ninguna cesión de uso a la empresa de Starlite", ha agregado.

Por otra parte, PP y OSP han aprobado la modificación de parte de las normas del PGOU de 1986, en vigor desde que el Tribunal Supremo anulara el de 2010. El grupo municipal del PSOE se ha abstenido y los de IU y CSSP se han manifestado en contra.

"Este nuevo paso en la tramitación responde al cumplimiento de los requerimientos de la Junta de Andalucía para corregir la gestión del PSOE en esta materia. Los socialistas, estando en el anterior gobierno local, no llevaron a cabo los informes ambientales que requerían varios artículos de estas normas", ha señalado la edil de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel.

La socialista Isabel Pérez ha indicado que, con este trámite, el equipo de gobierno "elimina los artículos de la modificación de las normas urbanísticas que la Junta propone arreglar". "La conveniencia de dar este paso no viene motivado por un informe técnico o jurídico, sino que se hace por una orden política", ha apuntado.

Por otra parte, el PSOE ha lamentado que PP y OSP hayan votado en contra de subvencionar el IBI a las 393 viviendas sociales que la Junta gestiona en Marbella y de crear una mesa de trabajo que estudie el tráfico y el modelo de ciudad para el núcleo urbano de San Pedro.

"La planificación ha causado numerosas molestias a la ciudadanía, pero, sobre todo, al comercio de San Pedro, que ha visto cómo los vecinos encontraban numerosas dificultades para transitar por las calles y aparcar sus vehículos", ha lamentado el edil Manuel García.

IU ha destacado que la Corporación haya aprobado por unanimidad una moción en la que pedían la limpieza urgente de los cauces y arroyos del municipio y otra para solicitar la ampliación de la jornada laboral para las limpiadoras del Ayuntamiento que trabajan a tiempo parcial.

La Corporación ha aprobado también instar a la Junta a que drague la bocana del Puerto Pesquero de La Bajadilla y que cree una comisión de redacción del Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol, en fase de elaboración, con la presencia de los ayuntamientos del área geográfica afectada por el plan, la Diputación Provincial y las administraciones regional y central.