La concentración, han explicado desde Acaip, está dirigida "a reivindicar la vuelta a la cordura y al imperio de la ley, de forma que de manera urgente se retome la senda del cumplimiento y respeto de los derechos humanos y de los trabajadores destinados al centro penitenciario de Málaga II".

Según han indicado, tras haberse cursado la petición de autorización por parte de los sindicatos, el subdelegado "ha prohibido la concentración por las molestias y trastornos que conllevaría a las autoridades e invitados" y han incidido en un comunicado en que han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso-administrativo "por violación de derechos fundamentales".

Así, han considerado que es "inaudito, además de ilegal, el prohibir el ejercicio del derecho fundamental de reunión consagrado constitucionalmente en el artículo 21 de la Constitución Española, y que esa prohibición en cambio persiga evitar molestias y trastornos a las autoridades e invitados en un acto social que nada tiene que ver con el cumplimiento de la ley".

La decisión de rechazar la autorización por parte de la Subdelegación se toma, según el documento, tras el informe de la Guardia Civil, que advierte de que dicha acción en ese lugar impediría garantizar la seguridad vial y también la de las personas concentradas y de los asistentes. No obstante, se insta a proponer un día, horario o lugar donde se pueda llevar a cabo "sin riesgo".

Desde Acaip han recordado que ya han solicitado y celebrado concentraciones de protesta en la entrada de dicho centro penitenciario, contando con la autorización de la propia Subdelegación del Gobierno, en las fechas de 19 de diciembre de 2017 y 15 de febrero de 2018.

El sindicato ha señalado que a la Subdelegación "se le ha debido olvidar que durante 50 días estuvieron albergados de forma cuanto menos peculiar e irregular más de 500 inmigrantes y que durante ese tiempo se tuvo a centenares de trabajadores penitenciarios en total inseguridad sobre su futuro laboral al hacer desaparecer su puesto de trabajo e impedir durante meses su toma de posesión".

Así, desde el sindicato confían en que el TSJA "ponga e imponga la cordura y la legalidad en las actuaciones de la Administración que, de forma unilateral e intolerable, pisotea un derecho fundamental para garantizar la comodidad de unos señores que vienen a acudir a un acto social y le da prevalencia sobre la justa reivindicación de exigencia de respeto a los derechos humanos y laborales".