Agustín Muñoz, subdelegado del Gobierno en Cádiz
Agustín Muñoz, subdelegado del Gobierno en Cádiz EUROPA PRESS

En una nota, el subdelegado ha afirmado que la Junta asumió en su Estatuto de Autonomía las competencias para las que la legislación estatal exige una previsión estatutaria (artículo 145 del Estatuto), "y es el artículo 148 del mismo Estatuto de Autonomía donde se establece que corresponde a la Junta de Andalucía la competencia en materia de gestión y custodia de los efectos intervenidos".

En este sentido, ha recordado que tales efectos se trasladan a los depósitos habilitados "por resoluciones judiciales", y ha subrayado que en esta materia la gestión está en manos autonómica y no estatal.

Además, Muñoz ha señalado que el Decreto 148/2012, de 5 de junio, establece la estructura de la Consejería de Justicia e Interior, y en su artículo 9 se recoge que corresponde a la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas la gestión y coordinación de los depósitos judiciales, "por lo que nadie puede dudar que la administración competente para habilitar los medios materiales para el depósito de los efectos intervenidos es la Junta de Andalucía".

En cuanto al protocolo suscrito en 2014, "en lo que se fundamenta la Junta de Andalucía para alegar que las embarcaciones intervenidas deben depositarse en puertos estatales", el subdelegado ha señalado que dicho protocolo "necesita de una concreción posterior entre el puerto de qué se trate y la Administración, por lo que no se puede alegar que cualquier puerto de interés general pueda ser considerado como recinto judicial para tal uso, a no ser que haya acuerdo expreso".

Muñoz ha indicado que "la Junta de Andalucía también tiene puertos y no dice nada de que tales recintos puedan convertirse en depósitos judiciales, estando las competencias en materia de gestión de unos y otros en las mismas manos, las autonómicas".

A juicio del subdelegado, "no se puede confundir colaboración con exigencia, máxime en el caso de la provincia de Cádiz, cuyo volumen de aprehensiones de embarcaciones y vehículos en materia penal es mucho mayor a lo que pueda registrarse en otras provincias cercanas".

Por ello, Muñoz ha pedido a la Junta "una especial sensibilidad en la gestión de los bienes intervenidos", y ha demandado la viabilidad de un depósito público en la provincia, "del que no se sabe nada a día de hoy".

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