El Gobierno francés autoriza matar hasta 40 lobos ante el aumento de la especie

  • Esa cifra de un máximo de 40 animales entre julio del pasado año y el mismo mes de 2018 confirma un decreto ministerial publicado el pasado verano.
  • Se basa en el objetivo de alcanzar una población de medio millar de lobos en Francia en el horizonte de 2023.
  • La extensión del lobo levanta suspicacias entre los ganaderos de algunas regiones afectadas por los daños causados a sus rebaños.
Lobo gris
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El Gobierno francés presentó hoy un plan para la gestión de la población de lobos en el país, que crece desde hace años, y que entre otras cosas prevé matar hasta 40 ejemplares en un año para limitar los daños que causan sus ataques a los rebaños de ganado.

Esa cifra de un máximo de 40 animales entre julio del pasado año y el mismo mes de 2018 confirma un decreto ministerial publicado el pasado verano, tras el diagnóstico para el periodo 2017 difundido por los ministros de Ecología, Nicolas Hulot, y Agricultura, Stéphane Travert.

Se basa en el objetivo de alcanzar una población de medio millar de lobos en Francia en el horizonte de 2023, teniendo en cuenta que en marzo de 2017 su número se había estimado en una horquilla de entre 265 y 402, en ascenso respecto a los 119 a 229 en marzo de 2013.

En el estudio gubernamental se compara esa situación con la de algunos países limítrofes y se recuerda que en el último censo exhaustivo realizado en España en 2011 se calculó que había entonces de 2.200 a 2.500 lobos, que van colonizando el territorio hacia el sur.

La cuestión de la extensión del lobo en Francia levanta suspicacias entre los ganaderos de algunas regiones afectadas por los daños causados a sus rebaños (el 94 % de los ataques son a ovinos).

Las indemnizaciones por esos ataques llegaron a 3,2 millones de euros en 2016, lo que significa un incremento del 60 % desde 2013, algo que el Ejecutivo relaciona con la subida de la población de lobos y con la extensión de su área de presencia. Matar a un lobo en Francia sin respetar las reglas fijadas por las autoridades es un delito penado con hasta dos años de cárcel y 150.000 euros de multa.

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