El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, Andrés Lago Louro, ha propuesto a familiares de víctimas de la Hepatitis C y a otros enfermos que denunciaron retrasos en el suministro de los nuevos medicamentos que se adhieran a la causa en calidad de perjudicados.

Esta semana están citados a declarar familiares de fallecidos y enfermos que, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, han podido prestar testimonio ante el juez este lunes, pese a la huelga indefinida de los funcionarios de la administración autonómica de la Justicia.

En esta causa se mantienen investigados altos cargos del Sergas Félix Rubial y Carolina González-Criado, que fueron llamados a declarar en primer término por prevaricación, pero tras un recurso presentado ante la Audiencia Provincial de A Coruña por la Fiscalía y con la adhesión de la Plataforma de Afectados, el instructor los tuvo que llamar a declarar también por un supuesto delito de homicidio imprudente.

Estas mismas fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, ante el juez, dos enfermos que finalmente obtuvieron los nuevos medicamentos explicaron los "retrasos injustificados" hasta conseguir los tratamientos. Además, también comparecieron familiares de víctimas mortales incluidas en la causa.

El juez ofreció a los familiares y enfermos que se presentasen como perjudicados en la causa a través de la representación legal de la Plataforma de Afectados.

DECLARACIONES EN SUSPENSO SI SIGUE LA HUELGA

Quedan pendientes ahora nuevas declaraciones fijadas para el miércoles, pero ya se avanzó a las partes incluidas en la causa que si se mantiene la huelga en la Justicia quedarán suspendidas.

Concretamente, están citados, en calidad de testigos, a partir de las 9,30 horas del miércoles 21, el jefe de la Unidad de Trasplante Abdominal del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Evaristo Varo -cuya citación no se pudo llevar a cabo por un viaje profesional-; y la médico de la Unidad de Trasplante Hepático del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) Alejandra Otero.

INSTRUCCIÓN

El juzgado de Instrucción número 3 sigue la instrucción de la causa en la que ya han comparecido, en calidad de investigados, los dos altos cargos del Sergas denunciados, Félix Rubial y Carolina González-Criado.

Inicialmente, Lago Louro sólo los había llamado a declarar como investigados por un delito administrativo, pero en diciembre de 2016 la Audiencia Provincial de A Coruña emitió un auto en el que estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.

Así, acordó que los cargos del Sergas investigados en el procedimiento abierto por el suministro de los tratamientos a los enfermos afectados por este virus fuesen llamados a declarar también como investigados por un supuesto delito de homicidio en seis de los ocho casos que incluía la causa.

ÚLTIMAS DECLARACIONES

Antes de estas declaraciones de febrero, las últimas habían sido en noviembre de 2017. Concretamente, el 29 de noviembre de 2017 el juez tomó declaración a tres testigos: el exdirector xeral que sustituyó a Félix Rubial al frente de Asistencia Sanitaria, Ramón Ares, que desde enero de 2006 está al frente de la gerencia sanitaria lucense; una doctora de la unidad de Trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), y el jefe de servicio del Sergas que actuaba como secretario de la subcomisión de tratamientos de la Hepatitis C.

Tras las declaraciones, la acusación particular dijo que "los testimonios del personal facultativo, de farmacia y de gestión económica acreditaban que no se le puede atribuir al funcionamiento de la subcomisión ningún retraso en la dispensación de los fármacos".

Para la acusación, las declaraciones de estas personas revelaron una "falta total de colaboración" por parte del Sergas y del personal vinculado con este organismo, que se "limitaron" a decir que "no recuerdan" o "no tienen conocimiento" de lo que en su momento se acordó en relación a estos tratamientos.

Por su parte, un día después de las declaraciones en el juzgado, la Consellería de Sanidade sostuvo que "confirmaban la correcta actuación, basada en criterios exclusivamente clínicos, de los miembros de la subcomisión de Farmacia" y afirmó que "los testimonios del personal facultativo, de farmacia y de gestión económica acreditaban que no se le puede atribuir al funcionamiento de la subcomisión ningún retraso en la dispensación de los fármacos".