El presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha destacado que es la Ley de impacto Medioambiental la que establece "si va a haber trasvases o no", ya que ese texto es el que recoge "una parte importante" de la regulación de los desembalses en "lo que se ha venido en llamar Ley del Memorándum".

Jiménez ha contestado de esta forma al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Juan Carlos de Cea, que ha advertido en declaraciones a 'Onda Regional' que si la situación de sequía continúa "terminaríamos el año hidrológico con un volumen almacenado en Entrepeñas y Buendía de alrededor de 110 o 120 hectómetros cúbicos, y estaremos todo el resto del año hidrológico a nivel 4 de acuerdo con las reglas de explotación del trasvase y, por lo tanto, trasvase cerrado".

Jiménez ha contestado que el presidente de la CHT, hasta donde él conoce, es "funcionario" y es "subdirector general del Ministerio", por lo que no es "augur". De esta forma, ha asegurado que "será la lluvia o la nieve la que haga subir las reservas y todo lo que esté por encima de la reserva mínima de 400 hectómetros cúbicos será trasvasable, lo diga o no el presidente, desde ahora 'augur' de la CHT".

Al ser preguntado por los niveles de reservas en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, Jiménez ha indicado que "sólo existe un higrómetro en la cabecera del Tajo, en la parte en la que a los regantes del Sindicato les interesa conocer los datos y que refleja que "ha habido nieves". "Evidentemente ha llovido y sabemos que ha nevado", según Jiménez, quien ha aclarado que "lo que se está soltando es el caudal circulante y se está cumpliendo con al Ley".

"Lo que no entendemos es por qué, en esas condiciones climatológicas, donde se supone que hay aporte a esos caudales circulantes derivados de lluvia o de nieve, se sigue soltando ese mínimo legal, que es lo que consideramos que podría ser sustituido por los aportes naturales que están llegando actualmente", ha destacado el presidente del Sindicato.

LEY DE MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA

Jiménez también se ha referido a la Ley de Medidas para Paliar los Efectos de la Sequía que este jueves tenía previsto aprobar el Congreso de los Diputados, y que recogía la propuesta de un precio 'social' para el agua desalada de 30 centímetros el metro cúbico.

En este sentido, ha señalado que una de las medidas que contempla el Manifiesto Levantino por el Agua es que "tenemos que ir logrando una equiparación de precios en el consumo de un bien público como es el agua", y cree que "cualquier medida que nos acerque a los precios que circulan por el país" le parece "perfecta".

Ha recordado que se trata de una reivindicación "histórica" del Sindicato que se estaba tratando en el marco de la Ley de Sequía y que espera que resulte finalmente aprobado, porque "va a ser un dato ciertamente interesante para los tiempos que vienen".

Considera que ese precio 'social' es "un paso adelante", aunque las expectativas de los regantes es "llegar a pagar lo que se paga en el resto del país", es decir, "pagar una unidad tarifaria por hectárea, como sucede en la gran mayoría del país, y no por metro cúbico como se paga en el Levante español".

En el resto de España, precisa que en el resto de España, quien tiene diez hectáreas paga un tanto no muy elevado por las mismas y, a partir de ahí, consume todo el agua que necesita hasta lograr el cupo de su concesión". Esto, según Jiménez, sería lo "ideal" pero dice ser "realista" y admite que es "casi imposible" la equiparación con el conjunto de agricultores del país. No obstante, ha valorado positivamente "cualquier avance, por mínimo que sea".

EL SINDICATO DE REGANTES RECURRE EL 'TASAZO'

En cuanto al denominado 'tasazo', Jiménez ha reconocido que el Sindicato no lo ha pagado, sino que lo ha recurrido y próximamente va a presentar los avales para conseguir no abonar ese montante fijo. Ha destacado que es una de las batallas legales que los regantes mantienen con el Ministerio.

"Nos consta que en el texto de la nueva ley se contempla la exoneración del apartado 'B' con carácter permanente, siempre y cuando medie una situación como la actual de sequía", según Jiménez, quien lamenta en cambio que el apartado 'A' "se va a seguir cobrando a las comunidades de regantes".

A este respecto, ha advertido que habrá "bastantes comunidades de regantes" que "se vean obligados a cerrar las puertas" por esta obligación del apartado 'A'.

Ha señalado que el Sindicato debería pagar al Ministerio tres millones de euros, una vez restada la exención del apartado 'B' y 'C' practicada durante el año 2017 y teniendo en cuenta que el decreto que aprueba la nueva tarifa se publicó el 17 de junio y no tiene carácter retroactivo.

MANIFESTACIÓN

Finalmente, Jiménez ha detallado la manifestación que el Sindicato desarrollará el próximo 7 de marzo en Madrid. En concreto, la movilización se desarrollará en dos escenarios, uno de ellos en la plaza de Callao, donde tendrá lugar la entrega de fruta, al tiempo que darán a conocer sus reivindicaciones.

"Es un punto muy céntrico y seguro que se va a colapsar", según el presidente del Scrats", quien destaca que el Ayuntamiento de Madrid también ha pedido a los regantes que accedan con una furgoneta a sitios en los viven personas necesitadas. "Así lo haremos gustosos, una vez que nos indiquen los emplazamientos", ha señalado.

Finalmente, habrá una manifestación que terminará a las puertas del Ministerio, en Atocha.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, que estaba presente en la rueda de prensa con motivo de la firma del Manifiesto Levantino por el Agua, ha avanzado que estará, "por supuesto, encantado" de participar en esta movilización. "Estaré enormemente satisfecho de representar al Ayuntamiento junto a los portavoces que así lo deseen", ha concluido.