Después de que hace tan solo un par de semanas el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid dictara la apertura de juicio y acordara remitir todo los actuado a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial como órgano competente, fuentes consultadas por Europa Press apuntan que la vista oral no podrá celebrarse antes de primeros de 2019, pues tratar de desarrollarla antes supondría "someter a mucha presión a las dos secciones".

Y es que la Sección Cuarta cuenta ya en su agenda con el juicio por el 'Caso PGOU' que se iniciará el 18 de septiembre y no concluirá hasta dos meses y medio después, previsiblemente a finales de noviembre, casi once semanas seguidas en las que la sala de vistas de la Audiencia Provincial estará ocupada todos los martes, miércoles y jueves, a lo que se suman otros procesos que durante esas fechas y hasta final de año serán vistos por dicho tribunal presidido por José Luis Ruiz Romero y el de la Sección Segunda que preside Feliciano Trebolle.

Precisamente, esta última sección acaba de fijar para el próximo día 25 de abril la fecha del juicio por el 'caso de la comfort letter' contra el ex alcalde de Valladolid, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, y los ya ex ediles Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

PENAS QUE SUMAN ENTRE 35 Y 45 AÑOS

En su escrito de calificación provisional, Fiscalía de Valladolid solicita penas que globalmente suman 35 años de prisión para los cuatro investigados en el 'caso Samaniego' por delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil, junto con estafa.

Tales delitos obedecen a los sobrecostes de 2,4 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital vallisoletana pagó entre los años 2000 y 2014 por la adjudicación de obras municipales a las empresas del que fuera jefe del servicio de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego.

En concreto, la acusación pública pide para el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, un total de once años de cárcel-en el delito continuado de falsedad en documento mercantil le aplica la agravante de prevalerse del carácter público-, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.

Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pide ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

Además, todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid, como acusación particular, eleva a 45 años el conjunto de penas solicitado por delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y pedía para Luis Alberto Samaniego 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebaja las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito obtenido por ellos.

El procedimiento contra todos ellos obedece a los supuestos sobrecostes por importe de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014, de ellos 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación, 893.268 como perjuicio de ausencia de baja, 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.

En el relato de hechos presuntamente delictivos se apunta que Luis Alberto Samaniego, desde su cargo de jefe del Centro de Mantenimiento, encargado de gestionar y contratar la realización de pequeñas obras, formalizó en el periodo investigado, entre 2000 y 2014, un total de 1.316 facturas en favor de empresas familiares por importe de 11 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.

Y ello, a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba, y sin poner en conocimiento del Ayuntamiento dicha circunstancia, y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar, a lo que la juez instructora del caso añadió en su momento que en unos casos las facturas hacían referencia a trabajos ni siquiera ejecutados, en otros casos a obras efectuadas por funcionarios municipales y en otros a tareas que no se correspondían con las realizadas.