Desde dicha delegación han recordado a través de un comunicado que estos hechos "no tuvieron lugar en las instalaciones del centro educativo, e incluso, ocurrieron fuera del periodo lectivo y, en concreto, durante las vacaciones de verano".

Así, han señalado que la Dirección del centro escolar tuvo conocimiento de estos presuntos hechos en los primeros días del mes de octubre "y de forma inmediata, previo asesoramiento por parte de la Delegación Territorial de Educación, los puso en conocimiento del Grupo de Menores de la Policía Nacional por si los mismos fueran constitutivos de delito".

"En cualquier caso, desde el centro educativo se abrió en ese mismo momento el protocolo de actuación en caso de maltrato infantil, previsto en la normativa, acordando como medida preventiva evitar el contacto entre los menores afectados, y se proporcionó asistencia psicológica a las familias afectadas", han manifestado.

Por esto, han incidido en que "la actuación del centro ha sido diligente y ha aplicado en todo momento lo establecido en la normativa vigente", haciendo un llamamiento "a la cautela y el respeto para garantizar la protección de todos los menores".

Los hechos se conocieron en octubre de 2017 a raíz de que profesores de un instituto de la capital intervinieran por un altercado entre dos alumnos, uno de ellos la víctima, de 14 años, con una discapacidad intelectual.

Éste cuando se entrevistó con la Dirección del centro dijo que había sido agredido sexualmente meses antes por el otro menor y un hermano, de once años cuando sucedieron los hechos, en unas instalaciones ajenas al instituto, según un atestado policial, realizado tras informar el centro. Otro compañero habría sido testigo.

Tras hacerse públicos los hechos, los abogados de la familia del menor aseguraron que iban a pedir una orden de alejamiento y el traslado de centro educativo de ambos menores.

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